Ojalá sirvieran estas fechas para la reflexión de las y los que hoy detentan el poder. Que fueran propicias para fomentar un diálogo nacional con el objetivo de pavimentar un camino para la reconciliación y la paz. Que cimentaran la idea de que se gobierna para todas y todos. De hacer un alto en el camino, pero no. La destrucción sigue siendo la impronta de estos días. También la muerte y el dolor. Este año apunta ya a ser más violento que el anterior con más de 30 mil muertes. Tabasco ha dejado de ser un edén, Sinaloa sigue marcado por la violencia, en Guanajuato en efecto la vida no vale nada, por citar algunos ejemplos. Y, en este contexto, en lugar de hacer una pausa para que -entre todas y todos- enfrentemos estos desafíos, se consuma la desaparición de los organismos autónomos y se sigue adelante con el intento de elección de jueces y magistrados, evidenciándose los problemas y errores que ya desde ahora anuncian su fracaso. La apuesta es por la opacidad, por la nula competencia en detrimento de los consumidores, por no asumir el papel de regulador, aunque esto beneficie a los más ricos en perjuicio de los que menos tienen. Es también por un poder judicial sometido. Por medios de comunicación carentes de visiones críticas y posturas que no les gustan a los que ayer marchaban por la libertad de expresión. Por el deterioro de la salud y de la educación pública. Por el retroceso en materia de derechos.
Y como si esto no fuera suficiente. Se propone una reforma al Infonavit que significa el manejo por parte del gobierno del ahorro de los trabajadores, apropiándose de los 2.8 billones de pesos que se concentran en las subcuentas de vivienda y de los cuales ni un solo peso proviene del erario como para que el gobierno sin más quiera disponer de ellos. No sólo se atenta contra el tripartidismo característico de esa institución, sino que se pretende que el gobierno -sin vigilancia alguna- se convierta en constructor cuando es más que evidente su fracaso en ese sentido. Es loable la pretensión de construir un millón de viviendas, cifra nada espectacular por cierto si nos remitimos a los 7.5 millones de acciones que se realizaron en el periodo 2012-2018 y, en particular, a los más de 3.5 millones de créditos que en ese lapso otorgó el Infonavit. Pero la idea de que lo haga el gobierno y que sea poniendo en riesgo el dinero propiedad de las y los trabajadores es lo alarmante. Se opta por un modelo que en el pasado demostró ya su fracaso y se hace a un lado un círculo virtuoso que ha permitido que el sector vivienda aporte más del 5% al PIB. Desde luego que hay que privilegiar que la vivienda sea accesible y digna, pero esto se logra regulando a las empresas que se dedican a este rubro y, sobre todo, regresando los subsidios a los que menos ganan que desaparecieron desde el sexenio pasado. Y para emprender el asalto se pretexta corrupción en un periodo (citado en la mañanera) en el que estaba al frente del Infonavit el que ahora es senador morenista. Tanto cinismo sería una anécdota si no estuviera de por medio el patrimonio de millones de trabajadores, a cuyas organizaciones les toca ahora la resistencia para frenar esta intentona. Veremos.
Política mexicana y feminista