Es loable la actitud de discutirle a una fiscalía su peritaje forense siempre y cuando se busque la verdad y no el ajuste de cuentas. Siempre y cuando haya un genuino interés por defender los derechos de las mujeres y, sobre todo, combatir esta letal violencia que cobra vidas todos los días en el país, y en particular en la Ciudad de México. Pero es difícil confiar en esas palabras, si cada vez que las mujeres marchan para defender sus derechos son enfrentadas con la policía, y lo que no había pasado antes, con muros de oprobio contra los que chocan sus exigencias y demandas. Y se desconfía más cuando la voz de quien gobierna la capital se levanta contra otras autoridades de impartición de justicia y se calla cuando de la fiscalía de esta ciudad se trata.
Vamos por partes. La jefa de gobierno ni siquiera chistó cuando se descubrió todo el entramado que tuvo en la cárcel por 528 días a Alejandra Cuevas Morán por un delito que no existía y que convalidó alegremente la fiscal Godoy, haciéndole el caldo gordo a una venganza personal orquestada desde la propia FGR. ¿No es acaso esto un acto de profunda violencia institucional contra una mujer? ¿Por qué no mereció esta situación un mínimo reclamo por parte de quien nos gobierna en esta ciudad?
Por otra parte, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Desde luego que las fiscalías son supuestamente autónomas, incluida la de la CDMX, pero ya que la autoridad local se inmiscuyó en el trabajo de una que es ajena a su jurisdicción, ¿no amerita también una revisión la actuación de la que es de esta ciudad? Si la jefa de gobierno visitara Santa Martha Acatitla —como lo hizo el presidente de la Corte— podría escuchar a las mujeres que están ahí por las arbitrariedades de los ministerios públicos que las mandan a la cárcel para cubrir una cuota o porque sencillamente se les sigue criminalizando por su condición de género. O acaso le parece correcto que más de 400 mujeres que son presuntamente inocentes estén encerradas durante 23 horas al día, en condiciones infrahumanas por la sencilla razón de que no se piden otras medidas cautelares menos lesivas de la libertad, que permitan además a las mujeres permanecer con sus hijos. Tal vez si les prestara oídos pudiera darse cuenta cómo se agravan los delitos menores con asuntos como el pandillerismo o sólo se apuesta por esquemas de justicia restaurativa cuando así conviene como es en el caso de la línea 12 del metro. ¿No merecen estas mujeres y sus familias que se les escuche? ¿Acaso no están muchas ahí precisamente porque son víctimas de la violencia y de un esquema de sumisión a un poder patriarcal que requiere ser enfrentado desde la raíz por quien se dice ser feminista?
En un país que tiene más de diez feminicidios diarios, en una ciudad en la que las mujeres siguen siendo asesinadas flagrantemente, sería muy importante que su reclamo se escuchara fuerte y lejos clamando por justicia, empezando por las que son víctimas en esta entidad, no sólo los casos que adquieren relevancia mediática. Qué bueno que se castigue a los culpables, pero si no se acompaña esta airada llamada con otras acciones que demuestren que hay congruencia y compromiso, habría que decir: con los feminicidios, no.
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