El auge de las plataformas tecnológicas ha transformado profundamente el mercado laboral en México y el mundo. Estas herramientas han traído consigo una nueva forma de trabajar que privilegia la flexibilidad y la autonomía. Sin embargo, también han abierto un debate crucial sobre los límites entre la innovación y la precariedad laboral. En este contexto, resulta imperativo abordar la regulación de estas plataformas para garantizar que los trabajadores no queden desprotegidos y sean prisioneros de su limitada capacidad de negociación individual en un entorno que, paradójicamente, se beneficia de su trabajo libre y autónomo.
Uno de los retos más apremiantes es incorporar a los trabajadores de plataformas al sistema de seguridad social. La ausencia de garantías como acceso a atención médica, pensiones y prestaciones básicas perpetúa un modelo donde las personas son tratadas como insumos desechables. Esto no solo afecta a los individuos, sino también al tejido social. La falta de seguridad social incrementa la vulnerabilidad económica y limita la capacidad de los trabajadores para construir un futuro estable. Regular la innovación no es una contradicción, sino una forma de potenciar su verdadero propósito: liberar a las personas y ampliar sus capacidades para generar bienestar propio.
La regulación traerá beneficios de largo plazo para las propias plataformas tecnológicas, pues una fuerza laboral con seguridad social hace crecer el mercado interno del que depende la prosperidad de toda empresa. Además, una compañía que promueva condiciones laborales justas no solo mejorará su percepción social, sino que también consolidará su prestigio como un actor responsable.
En el caso particular de México, esta discusión adquiere una relevancia especial. Vivimos en un país donde más del 55% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad. La informalidad no solo refleja la incapacidad del sistema para generar empleo formal, sino también la ausencia de un marco que contemple las nuevas formas de trabajo promovidas por la tecnología. Por ello, establecer regulaciones claras para las plataformas tecnológicas no solo es una cuestión de justicia para sus trabajadores, sino también un paso crucial hacia la construcción de un mercado laboral más inclusivo y una demanda interna más sólida.
A largo plazo, esta visión también debe extenderse al uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA). Así como hoy debatimos la inclusión de los trabajadores de plataformas al welfare state, en el futuro deberemos plantear cómo garantizar que la IA no exacerbe las desigualdades. La tecnología, en lugar de convertir a las personas en piezas reemplazables del engranaje productivo, debe ser una herramienta para construir un sistema económico más inclusivo y equitativo. Tal como lo planteó Gøsta Esping-Andersen, padre de la teoría de la "decommodification", debemos avanzar hacia un modelo donde el bienestar de las personas no dependa exclusivamente de su posición en el mercado laboral.
Un enfoque tecnopositivo nos invita a imaginar un futuro donde las plataformas y la IA contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, permitiendo que trabajemos para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Regular el trabajo en plataformas es un primer paso esencial en esta dirección. La innovación y la justicia social no son fuerzas opuestas, sino complementarias. En última instancia, el progreso tecnológico debería ser una palanca para la construcción de una sociedad más justa, donde la libertad laboral venga acompañada de garantías que nos permitan a todos participar y beneficiarnos plenamente del proceso productivo. A veces, para liberar, hay que regular.
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