Nuestra Constitución es un documento vivo, concebido para evolucionar con el país. Puede ser reformada y adicionada. Esa flexibilidad es crucial; permite que la ley fundamental se adapte a los cambios sociales y políticos a través de un proceso ordenado y cierto. Nuestro Congreso de la Unión no es sólo la legislatura en turno, es también -junto con las legislaturas de los Estados- un Constituyente Permanente.
Sin embargo, esa misma capacidad de cambio, si se maneja con arrebatos que operan en el límite de la legalidad y la pulcritud de los procesos constitucionales, puede poner al país en una ruta que la mayoría histórica de los mexicanos no quiere. No solo los que están activos como ciudadanos hoy, sino todas las generaciones previas que construyeron la nación y -más importante- las generaciones que heredarán las consecuencias financieras, ambientales, democráticas y sociales de las decisiones que hoy tomemos.
Las mayorías pasajeras en el poder pueden ser tentadas a realizar cambios que favorezcan sus propósitos de corto plazo, sin considerar el bienestar a largo plazo del país. Eso hace que tener un Constituyente Permanente sea un acto de equilibrio delicado: ¿cómo permitimos la evolución necesaria sin sacrificar la estabilidad y los principios fundacionales del país?
Afortunadamente, existen salvaguardas dentro de la propia Constitución. Los artículos 135 y 136, los dos últimos de ese texto rector, son claros: aunque la Constitución puede ser reformada, su esencia no puede ser sustituida ni su fuerza y vigencia perdidas. Esto significa que hay aspectos que son intocables, como el tipo de gobierno republicano, las garantías individuales, la división de poderes y el federalismo, y muchos aspectos más del México que la ciudadanía ha construido y que no pueden ser borrados de un plumazo o en una simple coyuntura de gobierno. Son principios tan fundamentales para la identidad de México que alterarlos sería cambiar la propia alma de la nación.
Ninguna administración gubernamental puede reclamar tener la visión revelada de lo que ha sido, es y será nuestro país y por tanto puede jubilar todo el pasado y decidir todo el futuro. No, la democracia ciudadanizada debe respetar las pluralidades históricas y también las del porvenir.
El respeto por los pilares de la Constitución no es solo una cuestión de legalidad; es también un tributo al legado de aquellos que han moldeado la historia de México: los héroes de la independencia, la generación de La Reforma, los Revolucionarios de 1910 y los estadistas como Cárdenas. Vamos, hasta los constituyentes de 1917 -después de una revolución armada- tomaron como punto de partida la Constitución de 1857. Se trataba de evolucionar.
La Constitución es un pacto entre generaciones con la responsabilidad de pasarla a la siguiente, no como un documento estático, sino como una declaración viva de principios y valores en las que todos -los que han sido, los que son y los que serán- seamos incluidos. La Constitución mexicana no es solo un conjunto de leyes; es una encarnación de la historia, los valores y las aspiraciones de un pueblo.
Mientras nos acercamos a las elecciones de 2024, es crucial recordar que, aunque las administraciones vienen y van, la Constitución debe permanecer como el marco dentro del cual la vida nacional se desarrolla. Es el legado de los héroes pasados y la promesa para las futuras generaciones, esa es una reflexión esencial para terminar un año y empezar el ciclo de vida ciudadana que viene.
