Entre 1824 y 1917 el país afianzó su soberanía y se procuró sus propias leyes aplicables a todos por igual. Nacía el Estado Mexicano y la Ciudadanía Jurídica. En 1910, México avanzaba al siguiente pasó lógico: la construcción de una democracia electoral y, por tanto, de la Ciudadanía Política.
Sin embargo, la revolución electoral de Madero desembocó en una guerra civil que llevó a un nuevo régimen, antes que a la modernización del previo acuerdo social. En la nación surgida de la Revolución, la Ciudadanía Política —el derecho a efectivamente elegir a los gobernantes— y la Ciudadanía Social —el derecho a un mínimo de bienestar material concreto (seguridad, salud, alimentación, ingreso, vivienda y educación)— se convirtieron en propósitos inacabados.
Hubo épocas en el pasado que, si la economía marchaba bien, no se hicieron concesiones políticas o democráticas; si la economía entraba en un bache se obtenían concesiones a la pluralidad para evitar estallidos sociales. Años después, esa fue denominada popularmente, para el caso de Europa del Este, la “política del refrigerador”.
En México el gobierno actual nos conduce de nuevo a un escenario autoritario similar, donde lo que importa es mantenerse en el poder y para ello se impacta en el refrigerador, la despensa y el bolsillo de las familias. Ha logrado que un importante volumen ciudadano ignore medidas antidemocráticas y respalde todo tipo de acción voluntarista, porque ha establecido un intercambio de facto con millones de mexicanos.
A cambio de respaldo al gobierno, los programas de apoyo con dinero en efectivo llegan, las pensiones no-contributivas se pagan, las becas se depositan en el banco y se presta sin ninguna garantía. Se ha echado a andar, con renovada sofisticación, una política de asistencialismo social a cambio de apoyo político.
Votar por Morena es ya exigencia para recibir los programas del gobierno y los candidatos de ese partido lo han convertido en lema de campaña. La democracia mexicana y sus instituciones salen maltrechas de ese arreglo. Mientras los programas asistencialistas (porque no son política social) sean percibidos por sus beneficiarios como una gracia gubernamental, el gobierno morenista podrá seguir erosionando la democracia y las instituciones con el apoyo de ciudadanos que son rehenes de esa transacción.
¿Qué alternativas tenemos? La respuesta, me atrevo a proponer desde mi experiencia práctica en la política, es ofrecer a la ciudadanía una política social vigorosa, efectiva y, sobre todo, atrayente. Tenemos que ofrecer a la gente la posibilidad de dejar de ser rehenes del gobierno de Morena en sus refrigeradores, despensas y presupuestos familiares.
Poner sobre la mesa la Ciudadanía Social, nos daría la posibilidad de empoderar a todos los mexicanos para exigir el bienestar al que tenemos derecho por el simple hecho de ser ciudadanos, y que no depende de la voluntad del gobernante en turno.
La armadura del gobierno de Morena tiene debilidades obvias: el desastre que ha sido la desaparición del Seguro Popular, el cierre de guarderías y escuelas de tiempo completo, la inflación de la canasta básica, el precio de la gasolina, el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, entre otros. Tenemos que ofrecer Ciudadanía Social para salvar a la democracia, y que los mexicanos sepan que un presupuesto familiar digno y un refrigerador con lo indispensable, solo serán garantizados por instituciones democráticas sólidas y plurales. Urge empezar.