La reducción de la pobreza de 42% a 36% de la población entre 2018 y 2022 es una buena noticia. 5 millones de personas salieron de la condición de pobreza. Sin embargo, aún estamos lejos de poder cantar victoria.
La “Escala del Bienestar”, un análisis de los datos de Coneval muestra que solo 12% de la población, poco menos de 16 millones de personas, viven en condiciones de bienestar: con ingreso “digno” y sin carencias sociales.
El resto de la población, 118 millones de personas, aún no logra esas condiciones de bienestar (88%). Y es que la mitad de ellas, 44% de la población (56 millones de personas) viven sin ingreso suficiente y en su mayoría con carencias. Otro 29%, casi 38 millones de personas, presentan al menos una carencia social y otro 15% (19 millones de personas) no presentan carencias y superan el umbral de la línea de pobreza, pero tienen un ingreso de sobrevivencia, menor al costo de 2 canastas básicas (Ver la “Escala del Bienestar” en frentealapobreza.mx)
Esto es grave. Pese a la mejora relativa, aún no se modifican las condiciones estructurales que producen pobreza. Estas condiciones están a la raíz y requieren acciones de fondo, algunas no siempre son populares y la mayoría no tienen efecto inmediato. Además, muchas veces estas condiciones estructurales no se ven, y quedamos atrapados en debates de coyuntura y polarizados. Además, hay decisiones recientes que han agravado aún más la situación y captan más la atención pública.
Una mirada sobre las causas estructurales, que no se están enfrentando son:
1) Un modelo laboral que crea incentivos a la informalidad y que permite que haya 35 millones de personas trabajando sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza.
2) Un modelo de acceso a servicios de salud, excluyente, inequitativo, condicionado y segmentado.
3) Un modelo educativo que mantiene la desigualdad de la calidad educativa y carece de herramientas para revertir la tendencia de abandono y exclusión escolar de jóvenes, especialmente los de menores ingresos.
4) Un efecto económico del sistema patriarcal que mantiene baja tasa de participación laboral de las mujeres, por su predominancia en labores no remuneradas de cuidado en los hogares y que crea la brecha salarial que afecta especialmente a las mujeres con hijos.
5) Y por supuesto, la exclusión y falta de oportunidades económicas y sociales para las comunidades rurales e indígenas del sur sureste del país, que se mantiene sin cambio.
A estas condiciones estructurales, que no han sido “atacadas” por las políticas previas y tampoco por las actuales, se añaden decisiones recientes que agravan la situación: 1) El salario mínimo general aún no cubre el monto suficiente para adquirir dos canastas básicas, pese a su recuperación gradual. 2) La desaparición del “Seguro Popular”, especialmente del fondo de gastos catastróficos y el fracaso de Insabi para “recentralizar” los servicios de salud y mantener el abasto de medicamentos y la atención, que se reflejan en la mayor carencia en salud. 3) Las becas Benito Juárez no modifican la calidad educativa ni detienen el abandono escolar, expresada en el incremento del rezago educativo de jóvenes. 4) El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que no ha tenido efectos en la empleabilidad de jóvenes. 5) La eliminación de los programas de estancias infantiles y del programa de escuelas de tiempo completo, y no se aprueba el sistema de cuidados.
Ante esta realidad urgen cambios estructurales, estrategias prioritarias y acciones de emergencia, que presentaré en el siguiente texto. Se pueden consultar en el documento “México sin pobreza y con derechos” de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Consultor internacional en programas sociales. @rghermosillo