Los datos del Inegi sobre ocupación y empleo en abril, muestran cómo se dispara el desempleo y se derrumban los ingresos, aún de quienes siguen trabajando, con corte al primer mes del Covid-19.
Los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), representan un golpe contundente de realismo que desnuda la profundidad y la escala masiva de la precariedad laboral de nuestro país previa a la pandemia.
Un país que hasta hace meses exportaba 1.2 billones de dólares al día, pero donde casi la mitad de las personas que trabajaba carecían de ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica.
Una de las 15 mayores economías del mundo, donde 6 de cada 10 personas ocupadas eran “informales”, lo cual en realidad quiere decir que carecían de afiliación a la seguridad social.
Las medidas de contención y parálisis de actividades económicas para enfrentar el virus triplicaron en un mes el desempleo. 13 millones de personas se quedaron sin trabajo —al menos temporalmente. Y los salarios se desplomaron, por ejemplo, desaparecieron más de la mitad de los trabajos de 11,100 pesos al mes, o más. Eran 5.7 millones de personas con ese ingreso en marzo y quedaron 2.4 millones en abril.
¿Cómo puede ser posible tal nivel de desastre? Si bien el paro por la pandemia es el motivo inmediato y directo, los despidos fulminantes y las reducciones de salario son posibles por condiciones estructurales creadas por décadas, que desde el Observatorio de Trabajo Digno hemos denunciado: la mitad de las personas empleadas carecen de contrato estable y casi 9 de cada 10 carecen de afiliación sindical, es decir, tienen nula capacidad de defensa y negociación colectiva.
Ante los datos de desempleo masivo hay propuestas que ya son consenso muy amplio desde la sociedad —incluso desde sectores amplios de la iniciativa privada— para impulsar el ingreso vital, como medida de emergencia, accesible para todas las personas con pérdida de ingresos en esta pandemia (no confundir con Ingreso Básico Universal (IBU).
Pero también aparece clara la pertinencia de transformar condiciones estructurales que afectan el ejercicio de derechos sociales y económicos como el derecho a la salud y el derecho al trabajo.
La pandemia permite replantear el modelo de seguridad social vinculada al trabajo, o para ser precisos al régimen de contratación laboral. Permite romper la cadena que une salud y trabajo como un lastre que excluye.
La transformación del sistema de salud como prioridad nacional a partir de esta pandemia requiere desvincular el acceso de la condición de trabajo. El acceso a servicios de salud debe ser universal, no condicionado y sin pago de bolsillo para quienes lo requieren, como sucede en varios países. Para lo cual requiere un modelo de financiamiento sostenible basado en impuestos generales.
El derecho humano a la salud para ser universal no debe depender de la condición laboral. El pacto social que dio origen a la seguridad social vinculada al trabajo debe revisarse. El marco de la revisión es el enfoque de derechos del art 1º de la Constitución y los principios de universalidad y progresividad ahí establecidos.
La construcción del sistema universal de salud, y del resto de los pilares del sistema universal de protección social como el ingreso garantizado en caso de enfermedad, discapacidad o desempleo; las pensiones de edad avanzada y los servicios de cuidado infantil; puede ser una tarea de muchos años e incluso requerir más de una década.
Por eso hay que iniciar ya. Las acciones de emergencia pueden funcionar mejor con la mirada estructural. Un estado de bienestar se basa en un sistema eficaz de protección social universal, que garantice igualdad sustantiva en el ejercicio de derechos sociales básicos.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
