El gobierno actual ha centrado su política social en las transferencias monetarias. Hay quien considera que así demuestra su progresismo y su compromiso con “primero los pobres”. Pero no hay progresismo per se en transferir dinero, si al mismo tiempo no se garantizan salud, educación y trabajo. Y no se cumple si las transferencias excluyen a la mayoría de los hogares de menor ingreso.
Empecemos por lo básico: Una transferencia monetaria no puede sustituir la obligación del Estado de prestar servicios públicos de calidad y garantizar medios para ejercer derechos sociales.
Desde una mirada progresista un auténtico Estado de Bienestar funciona mediante instituciones públicas que garantizan el ejercicio de derechos sociales de manera universal, al menos mediante: (i) cobertura de servicios de salud; (ii) acceso a la educación básica y secundaria; (iii) garantía de ingreso vital, en caso de desempleo, edad avanzada o incapacidad de trabajar; (iv) asistencia social a personas con factores de riesgo o vulnerabilidad; (v) inversiones para el desarrollo regional de zonas rezagadas.
Para construir un Estado de Bienestar, la institucionalidad gubernamental debe producir bienes públicos de calidad de acceso universal. Las transferencias monetarias son solo una parte, como la pensión de edad avanzada. Pueden ser un instrumento para romper barreras de acceso para ejercer derechos, por ejemplo las becas. Pero no son el “derecho” en sí mismo, sino una herramienta. Además, para cumplir con el enfoque de derechos, las transferencias de ingreso deben tener un monto adecuado; deben asignarse de manera progresiva, es decir dar más a quienes menos tienen; y por supuesto, deben evitar cualquier forma de clientelismo político.
En México estamos lejos. La mayoría de los programas de transferencias no son universales, tienen montos mínimos, tienen sesgos clientelares y falta lo más importante: los servicios y acciones para construir piso parejo. Los programas de transferencias excluyen a seis de cada diez hogares de menor ingreso (datos INEGI – ENIGH 2022). La mayoría están focalizados discrecionalmente y no cubren a toda la población a la que están destinados (población potencial), ni siquiera tal y como es definida por las propias entidades del gobierno.
Las transferencias a madres trabajadoras con niñas y niños (que sustituyeron el programa de estancias infantiles) cubren al 2% de su población potencial, las transferencias a personas con discapacidad permanente al 20%, Sembrando Vida 19%, las transferencias para jóvenes sin trabajo y fuera de la escuela sólo al 6%, las Becas Benito Juárez de educación básica al 30%, las becas de educación superior al 15%. Solo la pensión de adultos mayores y las becas de educación media superior rebasan el 100% de su población potencial (Datos Coneval, Inventario federal 2022).
Además, el monto de las transferencias es mínimo. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores cubre solo el 66% del umbral de pobreza de una persona, es decir, no cubre siquiera el costo de la canasta básica, indispensable para no vivir en pobreza. Las becas Benito Juárez entregan a cada familia aún menos: el 20% del umbral de pobreza de una persona.
Estamos muy lejos del Estado de Bienestar y de contar con derechos sociales garantizados, pese a que se “incluyan en la Constitución”. Por cierto, las transferencias de dinero tampoco cumplen con el objetivo de impacto de los programas. Pero eso lo analizaremos la próxima ocasión.
