Para millones de personas sus trabajos son fábricas de pobreza . ¿Quién tiene la responsabilidad de cambiar esto? ¿Podemos hablar de “responsabilidad social empresarial” con estas condiciones laborales ?
Llevamos décadas con un sistema laboral que produce pobreza. A fines de 2021, 66% de las personas ocupadas carecen de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza y 62% trabajan sin seguridad social. Hace 15 años, a fines de 2006, 72% carecía de ingreso suficiente y 63% trabajaba sin seguridad social. Hace 9 años, a fines de 2012, 65% trabajaba sin ingreso suficiente y 64% sin seguridad social. A fines de 2018, 68% sin ingreso suficiente y 62% sin seguridad social. La situación no cambia sustancialmente. (Observatorio de Trabajo Digno, con datos de INEGI ).
En los ambientes de análisis económico hay una respuesta simple a esta situación: “Es la informalidad ” dicen y pretenden con ello explicarlo todo. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La violación de derechos laborales está en la raíz.
Veamos por partes. Ciertamente en la población ocupada hay 3 casos diferenciados de trabajadores, además de las personas empleadoras. Conviene la distinción para ubicar responsabilidad y posibles vías de salida: 1) Personas con trabajo subordinado y asalariado. 2) Personas que trabajan por su cuenta. 3) Personas con trabajo subordinado, pero sin pago o sin remuneración salarial.
El primer grupo, quienes tienen trabajo asalariado, es el mayoritario. Es el 65% de la población ocupada: Poco más de 36 millones de personas en 2021. El segundo grupo, quienes trabajan por su cuenta, son el 23% de la población ocupada, más de 12 y medio millones de personas en 2021. Y el tercer grupo, es un grupo pequeño, 7% de la población ocupada, con situaciones muy distintas como los negocios familiares, personas con trabajo voluntario, o con pagos en especie o becarias y diversas situaciones más. Son alrededor de 4 millones. Las empleadoras, poco más de 2.7 millones de personas, son el 5% de la población ocupada.
El grupo 2 es 100% “informal” y el grupo 3 casi igual, en el sentido que carecen totalmente de acceso a servicios de salud. Quienes trabajan por su cuenta no se afilian a la seguridad social. Sumados ambos grupos, son alrededor del 30% de la población ocupada, no tienen como ni a quien reclamar seguridad social, salario suficiente o derechos laborales.
El problema es que quienes tienen trabajo asalariado, también tienen trabajos precarios. Y ahí la responsabilidad radica en las personas empleadoras, personas físicas o morales que están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo .
Entre las personas con trabajo asalariado, 61% carece de ingreso suficiente, 42% trabaja sin seguridad social; la mitad (52%) carecen de contrato estable y 86% carecen de organización sindical.
Ciertamente sus condiciones laborales dependen mucho del tamaño de la unidad económica que les da empleo. En los micro y pequeños negocios, la mayoría carece de seguridad social, remuneración suficiente y contrato estable. Esto es grave.
Pero la situación de medianas y grandes empresas es inaceptable. En las medianas (con más de 50 y hasta 250 trabajadores), el 53% carece de ingreso insuficiente (2.4 millones), 8% carece de seguridad social (398 mil) y 25% carece de contrato estable (1.3 millones de personas).
Y resulta aún más inexplicable y debe cambiar ¡YA! es la gran empresa (con más de 250 trabajadores): 46% trabajan sin ingreso suficiente (2.8 millones), 6% sin seguridad social (416 mil) y 18% sin contrato estable (1.3 millones de personas).
En próximas colaboraciones analizaré esta realidad para varias ramas económicas, pues esto debe cambiar ya. Con impulso de sociedad civil , con empresas que tomen responsabilidad y con organizaciones de trabajadores que sí les representen.