Sin duda una reforma al sistema de pensiones es urgente y necesaria. La reducción a las semanas de cotización y el incremento del monto de la pensión garantizada son medidas indispensables y urgentes. Sin embargo, la mayoría de las personas que trabajan están excluidas.
Aún antes de la pandemia del Covid-19, el 60% de la población económicamente activa carecía de afiliación a la seguridad social y al sistema de ahorro para el retiro (SAR). Además, también quedan fuera del sistema de pensiones quienes están desempleados, así como millones de mujeres que realizan trabajos no remunerados de cuidados y domésticos, pero no tienen participación laboral.
Los resultados del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza muestran la magnitud de la exclusión que es producida por la dualidad formal/informal que estructura el sistema laboral en México.
El 62% de la población económicamente activa ocupada carece de seguridad social. Son 34.2 millones de personas. Entre ellas están el 99.9% de quienes trabajan “por su cuenta”, son 12.4 millones de personas y también el 42% de quienes tienen empleo asalariado, 15.1 millones de personas. Todas ellas no serán beneficiadas por esta reforma al sistema de pensiones.
La dualidad formal/ informal se mantiene sin cambio en esta reforma al sistema de pensiones. Y no hay manera de que se resuelva por sí misma con la recuperación económica. Por el contrario, las tendencias en el mundo del trabajo van en sentido inverso. Muchos de los nuevos trabajos ya no están basados en la relación obrero-patronal tradicional, sino en diversas formas de “trabajo independiente” como los servicios a través de plataformas tecnológicas. Esta tendencia global y nacional implica en la práctica trabajar sin seguridad social, sin prestaciones y sin afiliación sindical.
Para la mayoría de las personas jóvenes y también para las mujeres, un trabajo con flexibilidad de horario o que permite trabajar al menos unas horas desde casa, es mucho más valorado. Pero en cambio las prestaciones, la seguridad social o el ahorro para el retiro, están fuera tanto de su horizonte mental, pero sobre todo de ser una posibilidad real.
La dualidad “formal/informal” produce también otro tipo de problemas igual de graves como lo ha mostrado la pandemia del Covid-19, pues el acceso a servicios de salud depende del trabajo. Lo cual atenta contra el derecho humano a la salud. Pues la salud no es y no debe ser una prestación laboral, no puede depender de en qué se trabaja o incluso de si se trabaja o no.
No deja de ser buena noticia que los organismos empresariales hayan promovido esta reforma y que estén dispuestos a incrementar sus aportaciones para las pensiones. Sin embargo, el incremento de la carga de aportaciones patronales, aunque sea gradual, también puede complicar la generación de nuevos empleos y la recuperación de los millones de trabajos perdidos en esta pandemia.
Una solución de fondo, que permitiría a la vez promover la creación de empleos y garantizar servicios de salud a todas las personas, sería romper el cordón umbilical entre salud y trabajo. Esta separación sería el primer paso indispensable para construir un primer pilar de un sistema universal de protección social como derecho de las personas.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
