A fines de los 90s logramos como sociedad la hazaña de construir un organismo electoral imparcial y confiable. No es un logro menor. Pues, aunque México tiene una democracia incompleta e insuficiente, era mucho peor cuando el gobierno organizaba las elecciones.
Que los votos cuenten y pueda haber alternancia es la condición indispensable para ir más allá: para lograr democracia sustantiva, rendición de cuentas, participación ciudadana en la vida pública.
El INE cristaliza y simboliza el logro obtenido por años de luchas por el respeto al voto. Al gritar “el INE no se toca”, dudo que haya quien lo considere perfecto o incluso “ideal”. La mayoría de la sociedad tiene claro que su captura por parte del gobierno es una amenaza inaceptable. Sería la regresión más profunda que pueda suceder a nuestra incompleta y contradictoria construcción democrática.
Sin duda, el sistema político y electoral requiere cambios. Pero no estos. No ahora. Y no así. En ánimo de claridad, explicito algunos que considero importantes: abrir más los espacios de la representación y eliminar la sobre representación; reducir y, sobre todo, controlar el dinero en la política; fomentar y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos, más allá de los partidos. Pero eso no está en la iniciativa actual, ni sería este el momento.
¿Qué sigue de la marcha?
El proceso legislativo para aprobar la reforma a la Constitución presentada por el gobierno requiere mayoría calificada, dos tercios de los votos, primero en la Cámara de Diputados. Y en caso de aprobarse ahí, también dos tercios de votos en la Cámara de Senadores. Finalmente, requeriría la aprobación de al menos 17 congresos locales.
Parece poco probable que el gobierno consiga los votos para la aprobación en Diputados y es prácticamente imposible que los tenga en Senadores.
El primer logro de la marcha entonces ha sido disuadir a diputadas (os) para que no se doblen frente a presiones del gobierno. Si la Cámara de Diputados rechaza la iniciativa, ya no se puede volver a presentar en los mismos términos. Y por los tiempos, solo quedaría para otro intento, el periodo legislativo de febrero a abril.
Pero hay otra forma de capturar o al menos maniatar a la autoridad electoral: El cambio de cuatro integrantes del Consejo General del INE, pues en abril de 2023, culmina el periodo del consejero presidente y tres integrantes más.
La sustitución de cuatro de los once integrantes de la máxima autoridad del INE, incluyendo su presidencia, representa un riesgo importante si se nombran personas con clara afinidad partidista, especialmente si todos o la mayoría son afines al gobierno.
El riesgo está ahí, pues estos nombramientos recaen en la Cámara de Diputados. Aunque para nombrar se requiere también voto calificado de dos tercios, pero se vota a partir de ternas elaboradas por un Comité Técnico.
Este comité puede sesgar todo el proceso, pues se integra por 7 personas que podrían no ser imparciales: tres son personas designadas por la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara de Diputados, dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y dos más por la CNDH. El comité técnico podría quedar muy alineado al oficialismo.
Otro escenario que puede al menos debilitar la autonomía del INE sería no sustituir a los cuatro consejeros. La autoridad electoral recaería en siete integrantes del Consejo General que no cambian en 2023: Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Uuc-Kib Espadas y Martín Faz.
Habrá que vigilar el trabajo del comité técnico para que quienes queden en la autoridad electoral (7 u 11) cumplan su función con autonomía, apego a la ley y con base en los principios de la democracia.
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