Año nuevo es momento propicio para compartir buenos deseos: “que nos vaya bien”. En términos sociales esta aspiración sería un Estado de Bienestar (“bien estar”).
La expresión “Bienestar” se usa como concepto paraguas de los programas de este gobierno, de manera similar a como Carlos Salinas usó el concepto “Solidaridad”, ahora “Bienestar” bautiza la acción de este gobierno.
El uso propagandístico del concepto está lejos de su sentido histórico conceptual. El Estado de Bienestar de las sociedades europeas se basa en sólidas instituciones de protección social: salud, jubilación, seguro de desempleo, asistencia para población en condiciones de vulnerabilidad.
Estas instituciones de protección social se consideran derechos que el Estado debe garantizar. Sus componentes centrales son auténticamente “universales”: es decir cubren al conjunto de la población, sin exclusiones o condicionamientos. Se sostienen en pactos fiscales sólidos.
En México estamos lejos. En realidad tenemos un sistema de protección social condicionado, segmentado y excluyente. Y cada gobierno trata de “parchar” las grandes grietas con “programas sociales”. Ahora hemos llegado al extremo, las transferencias monetarias no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar servicios de salud, estancias infantiles, pensiones y otras modalidades de ingreso vital, como el seguro de desempleo.
Nuestro “Estado de Bienestar” nació hace 81 años, con la creación del IMSS (1943). Sin duda fue un gran avance en su momento. Confluyó con tendencias internacionales, que apostaron por financiar la protección social mediante impuestos al trabajo. Así surgen las cuotas obrero patronales para financiar servicios de salud, viviendas, pensiones, estancias infantiles.
El resultado final fue un sistema fragmentado, que mantiene a más de la mitad de la población excluida de sus beneficios desde su creación. La carencia por acceso a seguro social es la variable de mayor peso en la medición de la pobreza y la correlación entre pobreza extrema y falta de seguridad social es total: 98%.
Las opciones para “atender” a población sin seguridad social mediante “programas” no han funcionado. Ni el Seguro Popular, ni el INSABI, han logrado revertir la falla de origen: el acceso condicionado a la condición laboral. Solo imaginemos que pasaría si aplicaramos a la educación el modelo condicionado: Niñas, niños y jóvenes quedando fuera de la escuela cada día —y “regresando” meses o años después— dependiendo del trabajo formal o informal de sus padres. Es absurdo considerar el acceso a servicios de salud como una “prestación laboral”.
Construir el Estado de Bienestar, para “que nos vaya bien” requiere superar el condicionamiento de acceso a protección social vía el trabajo “formal” y también urge abandonar el modelo de “programas sociales”. Se requiere otra ruta.
Asumir que la “cobertura universal de salud” estará basada únicamente en la atención de primer nivel es una regresión gravísima. Esta pretensión se está gestando al encargar la cobertura de la población sin seguro social al IMSS “Bienestar”, cuyo modelo de atención ofrece un “paquete” muy limitado de tratamientos.
Atender sólo gripas y diarreas para quienes carecen de trabajo formal y evitar el tratamiento de la diabetes y el cáncer, es un absurdo que viola el derecho humano a la salud. Es discriminatorio.
Como país, hay que desearnos “que nos vaya bien”. Y por eso, urge trazar la ruta para construir el Estado de Bienestar. La ruta inicia por el acceso universal a servicios de salud, sin condicionamiento, sin distinción, al “paquete” completo del IMSS, y no al “paquete” recortado del programa IMSS Coplamar (paradójicamente llamado hoy “IMSS Bienestar”).