El Censo 2020 confirma la urgencia de cambiar de modelo de seguro social. Muestra que sus tres pilares centrales: salud, pensiones y “guarderías” excluyen a la mayor parte de la población.
El Censo 2020 confirma datos contundentes sobre cada uno de esos tres pilares:
1) Solo el 44% de la población, 56 millones de personas tienen afiliación a los servicios de salud de la seguridad social. 1 millón más tienen afiliación a otras instituciones y 2 millones tienen seguros privados.
El resto, más de la mitad de la población, se divide en dos partes casi iguales: una cuarta parte afiliada a los sistemas públicos de salud para población “sin seguridad social”: INSABI, antes Seguro Popular: 33.4 millones de personas (26.6%). Y 33 millones sin afiliación alguna, totalmente excluidas (26.3%).
2) La gran mayoría de adultos mayores de 65 años no se declaran pensionados: 3.3 millones declaran estar trabajando (32.5%) y 4.7 millones (45.6%) se declaran desocupadas (en desempleo, digamos). Solo 2.2 declaran ser pensionadas o jubilados. Aunque en la realidad más de 6 millones reciben alguna pensión del sistema contributivo.
3) Finalmente, el dato escandaloso: 97% de las personas dedicadas a quehaceres del hogar y cuidados son mujeres. Muchas de ellas por falta de opciones, especialmente por falta de espacios de cuidado para niñas y niños (“guarderías”).
La seguridad social excluyente es estructural. Según los Censos, en 2000 y en 2010, solo el 40% de la población estaba afiliada a servicios de salud de la seguridad social. Hubo un incremento de 4 puntos porcentuales en 10 años, a esa velocidad faltarían 100 años para alcanzar 80% de cobertura.
Pero esa no es la tendencia. Al contrario, las tendencias del empleo avanzan hacia relaciones de nuevo tipo, como el trabajo “por cuenta propia” a través de plataformas de interacción con usuarios (tipo Uber) y nuevas formas de flexibilidad.
El problema entonces no es el “IMSS” como tal, sino el modelo de seguridad social. Como muchos países, México adoptó el modelo alemán ideado por Bismark en el siglo XIX, para establecer servicios de salud como parte del “seguro social”.
Pero no tiene que ser así. En Inglaterra y los países escandinavos los servicios de salud son universales, no dependen del empleo. España decidió transitar desde el modelo alemán hacia un sistema de salud con cobertura universal.
Si no queremos llegar al Censo en 2030 para constatar que la mitad o más de la población sigue excluida, urge una reforma que rompa el cordón umbilical entre salud y trabajo. La salud es un derecho, no es una prestación laboral. No debe depender de tener trabajo y mucho menos del régimen de contratación.
El consenso político debe partir de una reforma que no recorte conquistas, que no sea regresiva. El nudo gordiano a resolver son los recursos. Hay que cambiar la fuente de financiamiento para eliminar las “cuotas obrero-patronales”. En la práctica funcionan como un impuesto al empleo “formal” y crean incentivos para evadirlas y para generar “informalidad”.
Eliminar las cuotas es eliminar uno de los costos del empleo. Solo es posible incrementando los recursos del presupuesto general. Ese sería el sentido de una reforma hacendaria progresiva, ampliar impuestos y la base de tributación eliminando esa carga al empleo.
Mientras tanto, urge trazar una ruta de integración para la cobertura universal de salud, sin condiciones. Iniciar por acciones preventivas y un paquete de acciones de “atención primaria en salud” que no distinga entre “población con y sin seguridad social” puede tener muchas ventajas para la salud de las personas y para las finanzas públicas.
Y es una buena forma de tomar en serio el art. 1º de la Constitución que desde hace 10 años asumió -en el papel- el paradigma de “todos los derechos para todas las personas” como fundamento del Estado. Es buena forma de celebrar su aniversario 104.
