La precariedad laboral que produce pobreza está presente en todos los sectores económicos, incluso en grandes empresas. La “informalidad” es parte sustancial de la economía “formal”, es una condición estructural del sistema laboral.
Los datos del Observatorio de Trabajo Digno que comentaba en colaboración anterior muestran que dos de cada tres personas trabajan y no superan el umbral de pobreza de dos personas. Trabajan sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas (https://bit.ly/3C0ErH4).
Además, seis de cada diez personas carecen de acceso a la salud por su trabajo. Son en sentido estricto, quienes padecen la informalidad. Informalidad es la manera eufemística de llamar a la precariedad, en realidad se trata de trabajos sin derechos laborales.
Esta situación es más grave en micronegocios y en el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y forestal), en el sector de construcción y en trabajadoras del hogar. Ahí parece normal, aunque no debiera serlo, pero lo que llama la atención es la permanencia y magnitud de la precariedad o “informalidad” dentro de medianas y grandes empresas y en sectores de punta de la manufactura, el comercio y los servicios, que son modelo de productividad y tienen gran rentabilidad.
Por ejemplo, la mitad de quienes trabajan en medianas y grandes empresas, más de 5 millones 200 mil personas, perciben salarios por debajo del umbral de pobreza (dos canastas básicas). Además, en las grandes y medianas unidades económicas hay 800 mil personas trabajando sin seguridad social ¡Son “informales” en empresas formales!
Sectores económicos tan especializados como los servicios profesionales, financieros (bancos y aseguradoras) y la sede de los corporativos, tienen al 62% de su personal sin salario suficiente para dos canastas básicas y también al 22% sin seguridad social.
En las grandes y medianas industrias se abusó del outsourcing para evitar contratos estables, pago de prestaciones, reparto de utilidades y reducir el riesgo por antigüedad y los “pasivos laborales”. Entre 2003 y 2018, los censos económicos de Inegi muestran cómo se cuadriplicó la contratación de “personal ocupado suministrado por otra razón social”. Eran 1 millón de trabajadores en 2003 y subió a 4.1 millones en 2018.
Representaban más de la quinta parte del personal ocupado en las grandes empresas (23%) y casi la tercera parte del personal de las medianas (30%). En los medios de comunicación, en bancos y aseguradoras, eran más de un tercio del personal total. En las tiendas departamentales y supermercados, el personal subcontratado era más de la mitad del personal ocupado. Empresas grandes vemos, condiciones laborales no sabemos.
¿Será que hay corporativos, bancos, aseguradoras, grandes tiendas departamentales, cuya productividad les impide mejorar las remuneraciones de su personal? Por supuesto que no, entonces ¿cómo pueden hablar de responsabilidad social empresarial? Muchas empresas en esos sectores están violando derechos laborales para ampliar su margen de ganancia y son una competencia desleal al resto.
Hay que remontar la precariedad laboral que crea pobreza. La reforma laboral crea mecanismos de defensa de derechos laborales mediante un nuevo modelo de justicia laboral y con normas que posibilitan un nuevo sindicalismo que sí represente a las y los trabajadores. Pero está aún en proceso de implementación. Hablaré de eso en próximas colaboraciones, a quienes les interese les invito a ver el programa sobre reforma laboral en YouTube de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Mientras la reforma laboral se implementa y despliega todo su potencial para defensa de quienes trabajan, urge erradicar las fábricas de pobreza al menos en la mediana y gran empresa. ¿Quién le entra?
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
