En LinkedIn, hay una etiqueta: #TrabajoSíHay. Coincide con una queja frecuente en ambientes empresariales sobre la “falta de personal”. Y, sin embargo, hay millones de personas disponibles para trabajar que no tienen trabajo. ¿Falta gente o faltan trabajos dignos?
Coparmex e IMCO dieron a conocer la semana pasada un revelador estudio sobre las vacantes. El estudio muestra que el 75% de las empresas consideran la “dificultad para cubrir vacantes” como su principal problema laboral. Y el 40%, lo consideran “su principal problema”. Se estima que hay varios cientos de miles de vacantes no cubiertas en el país.
El estudio también muestra que hay al menos 10 millones de personas disponibles para trabajar y que necesitan trabajo. Estos datos coinciden parcialmente con el análisis de la “Escala de Trabajo Digno” de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza: hay 7 millones de personas desempleadas: 1.6 millones desocupadas, y 5.4 millones de personas disponibles. Y además hay 18.3 millones no disponibles por que realizan labores domésticas de cuidado, 93% son mujeres. De ellas, muchas podrían y querrían incorporarse a la fuerza laboral, si hubiera las condiciones adecuadas. Puede haber más de 10 millones de personas sin trabajo que pueden ocupar las vacantes.
Pero además de las personas sin trabajo, hay 40 millones de personas que podrían ocupar las vacantes. Una oferta de “trabajo digno”, es decir con remuneración suficiente para superar el umbral de pobreza y derechos laborales conforme a la ley, puede ser atractiva para atraer a algunas de las 32 millones de personas con trabajos informales y de las 8.6 millones de personas con trabajo formal pero cuyo salario no supera el umbral de pobreza.
Subrayo que trabajo digno es únicamente lo que manda la Constitución. No se trata de “prebendas”, “beneficios extra” o consideraciones especiales. Me atrevo a afirmar que una parte sustancial de las vacantes, al menos en puestos operativos, no se cubren por la calidad de los empleos que se ofrecen.
Subrayo que esta propuesta no es quimera, ni utopía. No pretende afectar a las empresas. Es la propuesta de muchos líderes empresariales, como José Medina Mora, presidente de Coparmex. Escúchenlos a ellos.
Y para acallar críticas sobre “factibilidad” del cambio de paradigma laboral solo menciono 3 datos:
a) En México la parte proporcional del PIB para las remuneraciones al personal representa solo el 42% del total, lo restante es para utilidades (58%). En Estados Unidos las remuneraciones representan el 65% y en la Unión Europea el 70%; las ganancias por tanto son el 33 y el 30% respectivamente. Las empresas en esos países pueden funcionar pagando bien a quienes trabajan (Fuente: OCDE data).
b) En México, el valor total de las remuneraciones al personal representa únicamente el 9% de los gastos totales y el 6.4% de los ingresos totales de las empresas. Los salarios del personal operativo, donde se ubican los bajos salarios representan el 5% de los gastos y el 3.6% de los ingresos (Fuente: INEGI. Censos económicos 2019).
c) La productividad en el sector manufacturero en México creció 3% anual en promedio en la década pasada, pero los salarios de ese sector en su conjunto permanecieron estancados. En la rama automotriz, está peor la inequidad: la productividad se duplicó, pero en conjunto los salarios reales se redujeron. (Fuente: McKinsey. The missing middles).
En las grandes y medianas empresas comerciales de retail, la situación es aún más escandalosa, en materia del crecimiento de valor agregado y producción por persona (productividad) se multiplicaron por 2.5 y casi 3 y la remuneración por persona no creció.
Es tiempo de actuar. Desde las empresas ya, sin esperar más. El trabajo no es mercancía. Las personas no son “recursos humanos”, tienen derechos. Las vacantes se pueden cubrir.
Y para contar con una política pública que transforme las estructuras laborales que producen exclusión, precariedad y pobreza se requieren gobernantes dispuestos al diálogo social, pues es la única vía efectiva para desarrollar política laboral. Sin diálogo no hay solución, pues la política laboral no funciona “por decreto”.
Consultor internacional en programas sociales