La vacuna contra el Covid es la luz al final del túnel. Aunque lleve más de un año completar su aplicación, su inicio muestra la salida para todos. El orden de aplicación de las vacunas debe seguir criterios sanitarios y sociales.
Un plan de vacunación que excluya o postergue a sectores de la población por no poder pagarla o por carecer de afiliación sería inaceptable. Pero vale la pena visualizar ese escenario. Permite comprender una idea que aún es difusa: la salud es un derecho y el acceso a servicios públicos de salud es la principal garantía para el cumplimiento de ese derecho, no debe estar condicionado.
Imaginemos un plan de vacunación que iniciara por personas dispuestas a pagar miles de pesos o que tienen seguro médico privado con esa cobertura. En la 2ª etapa seguirían quienes tienen seguro social “especial” (como los de Pemex o CFE). La 3ª cubriría a familias con seguridad social “normal” (como ISSSTE o IMSS). Y hasta la 4ª etapa se vacunaría a quienes no tienen seguridad social.
Un plan así suena profundamente injusto e inequitativo. Es absurdo y carece de sentido en salud pública y menos aún en lógica social. La vacunación contra Covid-19 no será así, pero lamentablemente el resto del sistema de salud así funciona. La desigualdad y la segmentación determinan su funcionamiento en todos los aspectos.
En México carecemos de “un” sistema público de salud. En realidad, hay un conjunto de subsistemas fragmentados e inconexos, que están divididos por un gran muro. La separación está institucionalizada y nada tiene que ver con la salud, surge del régimen laboral. En la práctica, el derecho a la salud se asemeja a una prestación laboral, lo cual contradice su condición de derecho humano.
La causa de fondo es la adopción del modelo alemán de seguridad social, ideado por Bismarck a fines del siglo XIX, que vincula el acceso a salud y otras medidas de protección social (pensión, incapacidad, estancias infantiles, fondo de vivienda) al empleo y su hace depender su financiamiento de contribuciones “obrero-patronales”. Ese modelo ha excluido a más de la mitad de la población por décadas.
No tiene que ser así. La salud pública en México permitió que los esquemas de vacunación superaran la división. La vacunación infantil es de aplicación universal, sin distinción, ni fragmentación. Esto permitió alcanzar niveles de cobertura superiores a 95% y logró prevenir y erradicar males como la polio, la viruela y otras enfermedades.
Es deseable que la vacunación contra Covid logre también altos niveles de cobertura con calidad y equidad. Hay que rechazar rumores y alarmismo. Más bien hay que apoyar y presionar para que se superen los retos logísticos de aplicación de esta vacuna con sus dos dosis, a 90 millones de personas mayores de 16 años.
Pero hay que ir mas allá. El virus del Covid con su gran letalidad solo es responsable del 12% de la mortalidad en 2020. Diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón, alto colesterol y tumores malignos son epidemias que producen miles de muertes evitables cada año.
Urge integrar un sistema de salud con auténtica cobertura universal que prevenga y evite las muertes que son tratables, pero mientras se mantenga la distinción entre población con y sin seguridad social, la cobertura universal es imposible. Hay que acordar la ruta para lograrla. Siguiendo el ejemplo de las vacunas, iniciar por la medicina preventiva y el primer nivel de atención parece una vía promisoria y viable.
