Durante la pandemia casi un millón de jóvenes dejaron la escuela. A fin de 2020, 4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad estaban en el desempleo. Además, hay otros 4 millones de mujeres jóvenes sin trabajo y no disponibles... ¡por estar trabajando! Pero sin remuneración, en labores del hogar y de cuidado.
Urge abrirles oportunidades. Incorporar a jóvenes en la economía es una excelente inversión que además contribuye a ampliar el mercado interno y reduce riesgos de todo tipo. Contribuye a otro tipo de reactivación económica, con igualdad e incluyente.
Por eso resulta muy oportuno y pertinente el llamado que hoy hace la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Desde la sociedad civil propone una estrategia con medidas viables, al alcance del gobierno federal y también de otros actores relevantes: gobiernos estatales, municipales, iniciativa privada, autoridades educativas. (Ver pronunciamiento en jovenescontrabajodigno.mx)
Una de esas medidas —quizá la más urgente y viable— es pedir la continuidad con ajustes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).
En 2018 el gobierno se comprometió a apoyar con este programa a 2.3 millones de jóvenes. Informan que JCF estará ya alcanzando 2 millones de jóvenes vinculados este año y que en 2022 culminará con 300 mil más.
¿Significa eso que habrá cumplido su objetivo? ¿Se cerrará la única opción que podría contribuir a la empleabilidad de millones de jóvenes? Esperemos que no.
El gobierno actual creó un programa que por primera vez se enfoca en la empleabilidad de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo. Tiene un nombre muy atinado: Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). Hoy, en este contexto y con los aprendizajes logrados estos años, este propósito se vuelve aún más pertinente.
JCF tiene fortalezas y tiene mucho por mejorar. La “Alianza” propone algunos ajustes indispensables para una nueva etapa: El primero, enfocarse en jóvenes con mayores barreras de empleabilidad, jóvenes en rezago educativo y sin acceso a trabajos formales.
JCF también debe mejorar los planes de capacitación. La capacitación de este perfil de jóvenes requiere priorizar el desarrollo socioemocional y de las llamadas habilidades “blandas”, lo cual requiere metodologías probadas y adecuadas. Muchos jóvenes se vincularon a centros de trabajo que en realidad son personas físicas o micro negocios que no ofrecen reales opciones ni de capacitación ni de empleo. Se prestan a simulación y corrupción.
El programa además requiere una “salida” que vincule a quienes participaron con ofertas reales de empleo. La Secretaría del Trabajo puede articular el egreso de JCF con servicios del Sistema Nacional de Empleo.
Y por perspectiva de género, JCF debe incluir acceso a servicios de cuidado para mujeres con hijos (que representan entre el 70 y el 80% de la demanda real de jóvenes sin trabajo y en rezago educativo). El Sistema Nacional de Cuidados aprobado ya por la Cámara de Diputados podría contribuir a cubrir esta necesidad.
Estos ajustes trazan una nueva etapa para JCF, con una nueva meta, más acotada. Y sobre todo permiten crear una política permanente de empleabilidad para jóvenes con desventajas. En esa política deben participar otros actores como empresas, organizaciones civiles y entidades de capacitación para el trabajo.
Lograr que millones de jóvenes hoy excluidos, construyan un futuro mejor, para sí, para sus familias y para el país es una excelente causa para unir esfuerzos. La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno tiene propuestas de cómo lograrlo. ¿Serán escuchadas?
Consultor internacional de programas sociales.
@rghermosillo