La crisis económica avanza. Se reportan casi 350 mil empleos perdidos en menos de un mes (13/03 a 6/04). El 5 de abril, el presidente refrendó los programas y proyectos prioritarios, con algunos aumentos de cobertura. Por ello, hay quienes creen que quienes viven en pobreza al menos sí reciben apoyos del gobierno. Y se quejan que falta “la clase media”. No es así.
Aun si fuera exacta la cifra de 22 millones de personas beneficiadas por el gobierno, sería alrededor de la tercera parte de las 61.1 millones que viven en pobreza por ingresos.
Y es que los programas sociales no son eficaces ante esta emergencia porque no fueron diseñados para ello. Eso no demerita su objetivo, ni es crítica al gobierno. El problema de fondo es que México no cuenta con un sistema de bienestar y protección social. No hay seguro de desempleo, no hay programa de ingreso temporal en caso de desastres o crisis, no hay padrón único para asignar apoyos de manera transparente.
Los programas sociales no son suficientes en esta emergencia por su cobertura: a quienes y a cuántos les llegan; ni por su monto: qué tanto alcanza.
Los dos programas sociales de mayor cobertura son las becas y la pensión universal para adultos mayores. Veamos.
Se informa que las becas llegan a 10.5 millones de estudiantes. El monto de la beca de preescolar a bachillerato es de $800 al mes. Este monto equivale a la cuarta parte de la canasta básica urbana para una persona. Menos de lo necesario para 2 días en una familia de 4 personas.
La pensión para adultos mayores llega a 7.5 millones de personas. Su monto es $1,310 al mes. Esto equivale al 40% del costo de la canasta básica. Es decir, lo suficiente para 12 días.
El resto de los programas tienen coberturas menores: menos de 1 millón de personas con discapacidad, también con un monto de $1,300 al mes. Alrededor de 900 mil jóvenes que se forman en el trabajo durante 12 meses y reciben $3,748 al mes.
Por su objetivo algunos programas no cubren únicamente a personas en pobreza, como el programa de adultos mayores por ser universal y el de jóvenes aprendices, porque ese no es el criterio.
Queda además la duda sobre el posible sesgo generado por el “censo del bienestar” realizado durante la etapa de transición con la estructura electoral de Morena. En cualquier caso es incorrecto suponer que los 19 millones de posibles beneficiarios de programas sociales corresponden a hogares en pobreza.
Por los despidos y caída de ingresos, urge un plan de emergencia en apoyo a la economía popular. Porque al menos 40 millones de personas en pobreza están sin apoyo y porque hay otros millones de personas que no estaban en pobreza, pero pueden haber perdido su ingreso en esta emergencia. El plan es necesario con dos propósitos complementarios: proteger los empleos y crear un mecanismo de ingreso temporal.
Para proteger los empleos, el gobierno puede condicionar un subsidio únicamente para empresas que mantengan la planta laboral y eviten despidos. Y eso, únicamente para empresas con reducción de ingresos derivada de la emergencia (como hoteles, restaurantes y otras), con datos demostrables de sus declaraciones mensuales al SAT.
Para quienes pierden su fuente de ingreso se requiere un programa temporal de transferencias. Este programa puede sentar las bases de un futuro seguro de desempleo y de un programa de ingreso básico, asignado de manera transparente, con datos de CURP y RFC, para que sea realmente temporal y llegue a quienes realmente lo necesitan.
Un plan de emergencia también debe incluir créditos blandos para la planta productiva afectada. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 80% de los empleos. Se les podría condicionar el acceso a estos créditos al cumplimiento de derechos laborales.
Post scriptum. Llamado urgente al Inegi a reactivar ya la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo por el valor estratégico de su información durante esta emergencia.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
