Dr. Rodrigo Soto Morales,
Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana
24 de agosto de 2020
Dedicado a Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes,
por su continuo estímulo en pos de la excelencia
Aunque ya resulta obsoleta, una manera de aproximarse al concepto de seguridad nacional es lo descrito en nuestra actual ley vigente en su artículo tercero: “ [...] por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano [...]” por tanto no es un término que tenga un significado preciso; se refiere a principios, programas, medidas e instrumentos que un Estado adopta para defender sus instituciones y a sus órganos supremos de una eventual concreción de amenaza que comprometa su subsistencia o avance en el estado actual de las cosas. Lo cual nos lleva a ponderar y concluir que sin orden institucional, no es posible lograr un estado de cosas que permita conseguir los objetivos de la seguridad nacional para el Estado Mexicano. Es un fenómeno multidimensional, dinámico, abstracto que se concreta tanto en la defensa nacional, defensa exterior, seguridad interior, la solidez del modelo de seguridad pública, la economía nacional, la sobrevivencia e interoperabilidad del federalismo, y un largo etcétera.
Sí, sin defender y desplegar los fines y naturaleza institucionales contenidos en la Constitución, la cual pretende recoger la identidad nacional, el interés nacional y por tanto el ideal representativo, popular, democrático del pueblo mexicano –eso que yo llamo “el diseño constitucional”, el Estado Mexicano puede llegar a encontrarse en situación de vulnerabilidad, tanto política como jurídicamente. De ahí la importancia de no claudicar, de no pactar con la mediocridad e impulsar el Estado de Derecho, la autonomía de las instituciones civiles, la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas, el combate a la impunidad y el servicio civil profesional de carrera de todos los funcionarios públicos. En una palabra, defender el orden constitucional. No en vano el lema del Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional reza: “Lealtad institucional como principio, seguridad nacional como objetivo”.
Y en ese sentido, y para efectos de entender mejor estas líneas, el populismo, el caudillismo, el desprecio por las instituciones, se configura como una amenaza – no ya un riesgo, sino una amenaza– para la seguridad nacional del Estado Mexicano. Por eso considero que, en las circunstancias actuales, el reto con la política mexicana puede resumirse así: “No se trata de cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas”; o dicho de otra forma, es tiempo de “tener más sociedad y menos gobierno” para lograr afirmar la identidad nacional, evitando divisiones y por tanto la fragmentación sociológica de nuestro pueblo. Divididos somos más vulnerables, más débiles, somos menos, menos México.
Y la mejor manera que tenemos para mantener y aumentar una fortaleza como nación, –lo ha demostrado recurrentemente la historia de las civilizaciones– es la vida institucional. Un orden institucional que soporte y robustezca la unión sociológica del pueblo de una nación, aún con toda su diversidad y pluralidad étnica, cultural, incluso socioeconómica. Es decir, coincidir en los valores políticos fundamentales que hacen posible ya no sólo convivir, sino colaborar y construir juntos, evitando que los símbolos, la historia, la leyenda, el mito y por tanto la tradición, sean rehenes de un sólo hombre o de un puñado de astutos que sólo aprovechan las circunstancias para imponer una narrativa que convenga al interés de un grupo, no de todos.
Por eso es muy importante el pluralismo razonable y el consenso entrecruzado –diría John Rawls–, y más importante aún, en un segundo momento, el orden institucional. Que el policía realice la función del policía, el soldado realice la función del soldado, el marino realice la función del marino, el juez realice la función de juez, el trabajador realice la función de trabajador, es decir, la de generar riqueza (pues tanto el empresario –pequeño o grande– así como el obrero son trabajadores), sin caer víctimas de ideologías, o maniqueísmo que sólo nos alejan del fin común, del bien común.
Sin duda la manera de hacer materialmente realidad el ideal del artículo 39 constitucional –que estipula que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” –, es defender a toda costa el orden institucional democráticamente, legalmente y convenientemente construido. Así, el grito debería de ser “¡Al progreso con las instituciones!” parafraseando aquel grito del día 06 de septiembre de 2006.
