En 2020, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) anuló un registro de marca concedido en 2015 que limitaba el uso del diseño asociado a Bitcoin. Esta medida, ratificada en 2023 por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no solo representa un hito en la regulación de la propiedad industrial, sino que también cataliza el avance de la economía digital en México. Al garantizar el libre uso del diseño de Bitcoin, la criptomoneda líder en transacciones comerciales a nivel global, esta decisión respalda el crecimiento económico digital y se alinea con las actualizaciones legislativas en materia de propiedad industrial.
La resolución del IMPI no solo libera el uso del símbolo de Bitcoin -la letra B atravesada por dos líneas verticales- sino que también impide que un individuo capitalice indebidamente derechos comerciales sobre esta icónica imagen. Anteriormente, el titular del registro pretendía cobrar regalías por cualquier uso del símbolo, limitando así su empleo por parte de establecimientos comerciales, sistemas de pago e intermediarios financieros. Este movimiento es un claro ejemplo de cómo la legislación puede adaptarse para proteger los intereses colectivos en la era digital.
El núcleo de esta decisión radica en el reconocimiento de que Bitcoin, creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, pertenece al dominio público. Dado que ni su creación ni titularidad pueden atribuirse a un individuo específico, y su tecnología blockchain es de código abierto, el intento de privatización de su símbolo contradecía la naturaleza descentralizada y de libre acceso de la criptomoneda.
Además, la nulidad del registro se fundamenta en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020, la cual prohíbe el registro de marcas descriptivas o que imiten medios oficiales de pago. En este contexto, el diseño de Bitcoin, utilizado globalmente para operaciones financieras, entra claramente en esta categoría. A su vez, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) reconoce a las criptomonedas como un medio de pago válido, fortaleciendo aún más la posición del IMPI.
Este precedente es crucial para el futuro de la economía digital en México. No solo valida el uso libre y descentralizado de Bitcoin, sino que también demuestra la flexibilidad y adaptabilidad del sistema de propiedad intelectual mexicano frente a las dinámicas cambiantes del entorno digital. La decisión representa un punto de inflexión en la evolución de la propiedad intelectual en México, alineándose con un mundo digital caracterizado por la descentralización en la gestión de datos y protocolos.
Este paso adelante, por tanto, no es solo una victoria para los usuarios de Bitcoin en México, sino también un faro de orientación para otros países en su enfoque hacia la regulación de criptoactivos, marcando un precedente para una gobernanza digital más inclusiva y abierta.
Socio Administrador de TMI Abogados
