El 9 de junio de 2020, Alexander Martínez Gómez, joven futbolista mexico-norteamericano de 16 años de edad, fue ejecutado arbitrariamente por la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Los elementos municipales le dispararon a él y a sus amigos, sin motivo alguno, cuando iban de camino a su casa tras acudir a un mini super. El policía que disparó la bala que le quitó la vida a Alexander, tenía menos de un mes en el cargo, jamás en su vida había tomado capacitación para usar un arma de fuego y obtuvo el puesto por nepotismo –su hijo era su jefe–.
Desde ese día, la familia de Alexander inició un camino de justicia lleno de trabas en donde la entonces fiscalía general de Oaxaca –a cargo de Rubén Vasconcelos– fue negligente en las investigaciones causando que diversas evidencias se perdieran para siempre. La intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, acreditó que Alexander y su familia fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, demostrando la responsabilidad del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa por la ejecución arbitraria de Alexander y exhibiendo la pobreza técnica de la fiscalía general de Oaxaca.
El caso vuelve a ser recordado porque en una reciente sentencia de un juicio de amparo, un juez federal sentenció a los poderes legislativo y ejecutivo locales, por incumplir y ser omisos en garantizar los derechos de las víctimas. Esta lucha en palabras de Virginia Gómez –mamá de Alexander–, fue emprendida en memoria de su hijo y para que nadie nunca más tenga que sufrir y vivir en carne propia lo que les sucedió.
A raíz del juicio de amparo 416/2022, el Juez Segundo de Distrito del Estado de Oaxaca, ha dictado una sentencia para que el Congreso de Oaxaca deje de mantener en la congeladora –desde el 2017– el nombramiento de la persona titular de la comisión de atención a víctimas del estado. De cumplir con ello, todas las víctimas de Oaxaca podrán contar con una instancia para ser atendidas, asistidas y reparadas integralmente.
No solo eso, la sentencia dicta también que aun cuando no exista comisión de víctimas o presupuesto para atender el tema, quien está obligado a garantizar los derechos de las víctimas en suplencia y por omisión, es la secretaría general de gobierno del estado de Oaxaca.
Haciendo historia, una sentencia a la vez
La existencia de un comisionado o comisionada permitiría que el Congreso de Oaxaca asigne un presupuesto para crear la comisión de víctimas estatal, lo cual se traduciría en instalaciones y personal capaz de otorgar gratuitamente atención a víctimas en trabajo social y bienestar; asesoría jurídica; atención psicosocial y médica; además de dotar de presupuesto para que la comisión se encargue de cubrir todos los gastos relacionados con alcanzar la justicia para las víctimas.
Estos recursos servirían para pagar traslados, gastos de alimentación y alojamiento, medidas relacionadas con la rehabilitación, la memoria y la compensación económica causados por los daños que causan los delitos y violaciones a derechos humanos en Oaxaca. De esta manera, se generaría un cambio que no pudo darse mientras gobernó Alejandro Murat, aun cuando estaba obligado a hacerlo y cuando contaba con una mayoría priista en el Congreso.
La transformación de un gobierno se mide por sus acciones, no por sus discursos o eslóganes. Por ello el actual gobierno de Oaxaca, con mayoría de la 4T en el legislativo y gobernado por Salomón Jara, tiene argumentos jurídicos y todo en sus manos para transformar la mala relación que el estado ha tenido con las víctimas.
Mientras fue senador, Salomón Jara siempre se pronunció a favor de los derechos de las víctimas y se mostró sensible hacia su sufrimiento. La familia de Alexander confía en que no litigará la sentencia y cumplirá con ella, dando pasos hacia la justicia para Alexander y para todas las víctimas en el estado.
Si el congreso y el gobernador litigan en contra de este fallo, además de desesperanzador, mantendría en la indefensión a las víctimas y la misma actitud de los anteriores gobiernos oaxaqueños.
Defensor de derechos humanos y experto en acompañamiento de víctimas.
