Desde inicios de este año, Zacatecas presencia en promedio una masacre cada semana, con aspectos tan crueles como el asesinato de un niño de tres años dentro de un templo, o de una niña y otras dos mujeres que se transportaban a bordo de una camioneta acribillada por sicarios, que en ese estado sostienen quizá la guerra entre bandas más brutal que se haya conocido en la etapa moderna del país.
Fresnillo, minero y comercial, es su principal municipio –por encima de la capital estatal–, pero también el epicentro de un corredor que enlaza el tráfico de toda mercancía ilegal desde el puerto de Manzanillo (principal acceso para el fentanilo, por ejemplo) hasta la fronteriza Nuevo Laredo, Torreón o Monterrey, o a la capital del país con Ciudad Juárez. Los ciudadanos de Fresnillo declaran en 97% de los casos que tienen miedo de morir en un fuego cruzado, no en balde se trata de la comunidad más violenta, de acuerdo con cifras del Inegi.
Esa población cuenta con la mayor cantidad de policías municipales de todos los municipios del estado, pero reportes allegados a este espacio aseguran que los efectivos de la corporación local, desde su comandante hasta el agente de tránsito, están en la nómina del crimen organizado.
El presidente López Obrador ha aceptado que en la entidad se dirime una batalla por el control de las rutas hacia la frontera, lo que enfrenta a una doble alianza: el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas –con su extensión, el Cártel del Noroeste–, por un lado, y las mafias asentadas en Sinaloa, por el otro. Los primeros mandan en Fresnillo y la ciudad capital; los segundos, en otras regiones, destacadamente Sombrerete, en la vecindad con Durango, donde el grupo llamado “Los Salazar” responde a Sinaloa.
Lo que Palacio no acepta aún es que Zacatecas es acaso el escaparate más escandaloso del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal, por la profundidad de la crisis que se vive en esa entidad, descrita como “quebrada, saqueada, insegura, con un tejido social despiadadamente roto”, según las propias palabras del gobernador David Monreal al tomar posesión del cargo, hace justo ocho meses.
Cada muerto, cada familia marcada por la muerte de uno de los suyos, cada huérfano, suman a una estadística de sangre que explota en Zacatecas, pero acumula un rastro que inicia y termina fuera del estado. Las rutas que presencian el camino hacia el norte del tráfico de drogas o personas ven regresar los mismos tráileres repletos de armas, dinero o mercaderías múltiples, lo mismo utensilios electrónicos que motocicletas y otros vehículos.
Reportes a ambos lados de la frontera dan cuenta de escoltas policiales en favor de los traficantes, desde San Antonio, Texas, bien adentro del territorio norteamericano, hasta al menos Monterrey y aún más hacia el centro del país.
A partir de 2008, cuando Los Zetas rompieron con el llamado Cártel del Golfo, el criminal más conocido en la región fue Miguel Treviño Morales, “Z-40”. Fue detenido en julio de 2013 en Monterrey por un comando de la Marina, sin que se disparara una sola bala. Sus abogados han logrado evitar que la justicia mexicana lo extradite a Estados Unidos, lo que genera la sustentada presunción de que él sigue al mando.
Ni el millar de reuniones de seguridad de madrugada acumuladas en Palacio, ni los cientos de comparecencias de funcionarios de este ámbito durante las mañaneras han logrado ocultar la realidad de estados como Zacatecas, sacrificados por una tragedia que nunca ha estado a su alcance enfrentar.
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