Con un intenso proceso de desgaste a cuestas, los siete magistrados integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán escoger hoy de entre ellos al presidente que conducirá el organismo los próximos cuatro años. La definición impactará una etapa política clave del país, al menos hasta la sucesión presidencial de 2024.
Si no hay sorpresas de última hora, Felipe Fuentes Barrera deberá resultar electo, tras hacerse cargo de esa responsabilidad desde enero de 2019 por la renuncia de su compañera Janine Otálora, designada en noviembre de 2016, pero que se aupó del puesto a la mitad del término como anticipo del vendaval que traería en diversas instituciones la denominada 4T del gobierno López Obrador.
Aquel episodio enconó diferencias en un cuerpo colegiado que ha guardado altos niveles de ebullición desde que fue integrado, en 1996, con sucesivas generaciones de magistrados. Su materia, dirimir la disputa por cargos de elección popular, difícilmente podría ser más volátil y tentadora. Por ello, tanto el tribunal como el Instituto Nacional Electoral (INE) han exhibido los efectos del virus de la política.
Según se acercaba la decisión de una nueva presidencia, al menos dos bloques se fueron configurando en el TEPJF: el coordinado por el propio Fuentes Barrera, con el apoyo de Felipe de la Mata, Mónica Soto y José Luis Vargas. En la acerca de enfrente se colocaron la citada Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón y, en los meses finales, Indalfer Infante.
Al ser cuatro los votos necesarios para ganar, el juego de escenarios ha estado abierto, en particular si alguien del primer bloque decide aliarse con el otro, o desafiar las aspiraciones del actual presidente. Ese predicamento se le ha atribuido a Mónica Soto y, en menor medida, a José Luis Vargas. La primera de ellas es la más débil del grupo. Vargas, en cambio, tiene peso propio y por ello, el que más arriesgaría si se equivoca.
El tribunal vive este proceso tras encarar juicios que han hecho mella en su imagen, según importantes actores involucrados. Así ocurrió con le negativa de registro al partido México Libre, que lideran Margarita Zavala y Felipe Calderón. Testimonios recogidos por este espacio dan cuenta de una escena singular: un expresidente de la República litigando en las oficinas de cada magistrado, en los llamados “alegatos de oídas” para los que, se asegura, se preparó a conciencia, lo mismo que su esposa, ambos abogados. Su representante legal fue Salvador Nava, que entre 2006 y 2016 formó parte de la propia sala superior.
El propio Nava Gomar, al que se le ha atribuido cercanía con el panismo, fue sin embargo contratado por Pío López Obrador, hermano del Presidente, para defenderlo ante las implicaciones que tendrá para Morena en el ámbito electoral haber sido aparentemente beneficiado con diversas entregas de dinero, según videos en los que Pío aparece junto con David León, y que ambos han reconocido públicamente como reales.
Antes del pleito por el registro de nuevos partidos, el TEPJF y el propio INE se echaron al pecho el alacrán de organizar la sucesión en la dirigencia de Morena, partido que durante más de dos años estuvo a cargo de líderes interinos que sabotearon el proceso de una transición estatutaria y legal. Hoy el enigma es si la designación, vía encuesta, de Mario Delgado como presidente logrará evitar lo que parece la degradación irreversible de Morena y, después, presentarlo a las elecciones del próximo año con una estructura mínimamente eficaz.
