Si no hay un cambio de última hora, ni el Congreso ni el gobierno de López Obrador impulsarán en el presente periodo de sesiones un nuevo marco legal para las empresas de subcontratación (outsourcing) de las que dependen 15% de los trabajadores del país, equivalentes a cerca de tres millones de empleos.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la definición formal del negocio de la subcontratación es “aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.
Ese concepto, que se extiende por cuatro incisos del artículo 15 de la ley referida, entre otros apartados, no alcanza a cubrir todas las formas en que se manifiesta hoy esta industria, desde el respaldo a decenas de miles de empresas que con ese modelo evitan un infierno laboral y operativo, hasta excesos marcados por defraudación fiscal, evasión de prestaciones, connivencia con las llamadas “factureras” y un amplio catálogo de acciones que han hecho surgir enormes e inexplicables fortunas.
Reportes gubernamentales y de organismos especializados alertan que la pesadilla de empresas fantasma que vivió México antes y durante la administración Peña Nieto, no podría haber existido sin compañías que aportaron facturas ilegales o que simularon la contratación de trabajadores, con un costo gigantesco para el fisco.
Resulta fácil encontrar nombres de empresas de esta naturaleza en el entramado fraudulento del exgobernador veracruzano Javier Duarte, o en la llamada “Estafa Maestra” que confeccionó una gigantesca operación para desviar dinero público mediante convenios con casas estatales de estudio y modestas compañías. (Por cierto, la dimensión de esta estafa es impensable sin la participación de las secretarías de Gobernación y de Hacienda en su momento, pero hasta ahora la única procesada es Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu durante la administración de Enrique Peña Nieto.
El desafío de emprender una nueva regulación sobre el negocio de la subcontratación fue ponderado ya durante las negociaciones del gobierno de transición de López Obrador y funcionarios salientes de Peña Nieto. El frenón al tema fue atribuido al conocido abogado laboral Arturo Alcalde, padre de la actual titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
Al final del día fue aprobada una reforma que de suyo está sacudiendo al mundo sindical y al ámbito de las instituciones que administran los conflictos obrero-patronales. Pese a su explosividad, se avanzó en ello como exigencia del gobierno Trump en Estados Unidos, para dar paso a un nuevo acuerdo comercial, el T-MEC, que sigue en el limbo.
Todos los actores en esta historia, la Casa Blanca incluida, tienen en su radar el también muy espinoso pendiente de las compañías subcontratistas o “outsurceras”.
Se asumió que el asunto entraría en la agenda durante el periodo de sesiones legislativas iniciado en septiembre. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y Zoé Robledo, director del IMSS, se cuentan entre quienes mayor urgencia mostraron para avanzar en esta línea. Pero de pronto nadie empezó a tener prisa.
Las negociaciones actuales gravitan en tres ejes: el que sostiene que la ley laboral ya regula al sector y que solo hace falta más supervisión…, lo que no parece satisfacer a nadie. Una postura intermedia propone una regulación más estricta para erradicar los abusos en los que ya se incurre y castigarlos con mayor rigor. Hacia allá se encamina la iniciativa del diputado de Morena Ulises Murguía, que impulsan varios sectores, de empresarios y de organismos patronales.
Más radical ha sido la propuesta del senador, también morenista, Napoleón Gómez Urrutia, sobre el que ha caído una tormenta de señalamientos desproporcionados, al grado de presentarlo como “enterrador del T-MEC”. Pero es cierto que su iniciativa es la más dura, pues si bien no prohíbe la subcontratación, amaga con equiparar el exceso en la simulación como delincuencia organizada.
Todo indica que estos actores deberán seguir velando armas por algunos meses, al menos hasta el nuevo periodo legislativo. Solo veremos avances si en este lapso se acercan posiciones y se construye un consenso.
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