El gobierno López Obrador y la fiscalía federal, que encabeza Alejandro Gertz, cuentan con una hoja de ruta para procurar castigo a los gigantescos desvíos maquinados en Sedesol y Sedatu antes, durante y después de la gestión de Rosario Robles. En las estaciones de esa ruta se hallan, entre otros, los hoy senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el mexiquense Luis Miranda, uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.
La instrumentación de convenios fraudulentos de Sedatu con universidades y otras instituciones públicas, a las que se encomendaban trabajos que luego contrataban con empresas fantasmas, a montos inflados, dio comienzo en Sedatu con el yucateco Ramírez Marín. La asignación de estas empresas, que al final triangulaban fondos hacia particulares, tiene las huellas digitales del mexiquense Miranda Nava, se dijo a este columnista.
Se estima que el modelo germinal de esta estafa fue aplicado en las universidades del Estado de México y de Hidalgo, para luego expandirse hasta niveles casi demenciales, pues se contrataba a modestas casas de estudios, con conocimiento en agronomía (en Hidalgo, por ejemplo), a la que se le pidió desarrollar proyectos complejos, como programas de cómputo (software) de última generación. Resulta una obviedad recordar que Hidalgo es el asiento político de Osorio Chong, exgobernador del estado, mientras que en la entidad mexiquense existía un control absoluto del grupo que comanda Peña Nieto.
A la luz de ello, la Fiscalía General de la República decidió recorrer el mismo camino, y ha comenzado a hacer preguntas incómodas a autoridades universitarias en Toluca y en Pachuca. En este último caso, el tema ha traído una nueva dosis de nerviosismos al líder vitalicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán.
Fuentes judiciales consultadas para este espacio aseguraron que los fiscales artífices de esta estrategia tenían prevista la vinculación a proceso pero no el encarcelamiento de Robles Berlanga, a la que inicialmente se le fincaron cargos menores. Consideran que el juez de la causa, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, desbordó los alcances de la acusación y la defensa de la acusada fue incompetente para revertir esto.
Con la información disponible hoy es imposible demostrar si Delgadillo Padierna fue influenciado por sus tíos, la senadora Dolores Padierna y René Bejarano, que han acumulado durante más de 15 años el agravio de los videoescándalos surgidos en marzo de 2004 en los que se ve al segundo recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada (recién detenido) para campañas electorales. No solo Padierna y Bejarano, también actores cercanos al gobierno López Obrador dicen tener documentada la participación en esta trama de Robles, que habría perseguido como fin último hundir la causa del ahora presidente de la República en su primera candidatura, en 2006.
Las mismas fuentes subrayaron que la denuncia en su contra se restringe a que Rosario no pudo demostrar que haya alertado a su jefe, el presidente Peña Nieto, o haber actuado para proteger a las instituciones a su cargo ante estas estafas (por un monto inicial de 7,400 millones de pesos), reportadas por Juan Manuel Portal cuando se desempeñó como auditor superior de la Federación. No hay ninguna acusación (hasta ahora) de que la funcionaria se haya beneficiado personalmente de esos desvíos abultando sus cuentas bancarias o comprando bienes.
El mismo precepto legal que hundió a Robles parece exculpar en esta historia a su sucesor José Antonio Meade, con quien como nuevo titular de Sedesol prosiguieron varios contratos de convenios con universidades. Pero él ha demostrado que denunció esta situación, cesó a funcionarios implicados e informó de ello al Presidente. Con ello la habría librado. Hasta ahora.
Los fiscales del caso Robles tenían la expectativa de que conforme avanzara el tiempo y pendiera sobre ella el riesgo de cárcel, la exfuncionaria develaría la implicación de otros implicados, especialmente de alto grado. Pero los datos obtenidos por este espacio indican que ella y sus abogados solo han mencionado a peces menores.
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