Cuando se escriba la historia de la batalla sobre la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador —más allá de lo que ocurra este domingo—, deberá concluirse que estuvo dominada por una mezcla tóxica entre pugnas en el equipo gubernamental y una obsesión basada en ideología, no en la realidad, en busca de convertir en monopolio absoluto del sector a una Comisión Federal de Electricidad (CFE) quebrada, con infraestructura obsoleta e incapaz de apoyar por sí sola el desarrollo del país.
Como ocurrió en agosto pasado, cuando la obstinación de Palacio para acelerar la ley sobre la consulta revocatoria llevó a la caída de Olga Sánchez Cordero en Gobernación, y de Julio Scherer Ibarra en la consejería jurídica, este nuevo episodio generó ya daños colaterales en la Corte, en la relación con inversionistas de Estados Unidos y otras latitudes.
La estrategia gubernamental quedó lastrada desde hace meses entre varios polos cercanos a Palacio: el encabezado por Manuel Bartlett (director de la CFE), que en esta agenda manipula a Ignacio Mier (coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y, como aquél, con arraigo poblano); los alentados por Rocío Nahle, secretaria de Energía, y Octavio Romero, titular de Pemex, quienes dinamitaron los intentos de trasladar las negociaciones con la oposición a mesas de diálogo coordinadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Romero Oropeza y López Hernández libran desde hace años su propia guerra personal por el control político de su natal Tabasco.
La visión aldeana sobre la disputa por el control de la energía eléctrica también domina la acera de enfrente, con la pareja formada por Rubén Moreira, jefe de la bancada de diputados del PRI, y su esposa Carolina Viggiano, que lucen débiles en la búsqueda de control político sobre Hidalgo y Coahuila, dos de los cada vez más escasos estados bajo dominio priista. Ella es aspirante a la gubernatura del primer caso, a definirse en junio próximo; él, exgobernador de la entidad que vivirá su relevo en 2023.
La ecuación la complementa el líder nacional priísta, Alejandro “Alito” Moreno, decidido a tensar las negociaciones en el tema eléctrico, pero más atento a una reyerta que protagoniza en Campeche, que gobernó y cuyo grupo local fue desplazado por Morena. Parte de esa reyerta se expresa en las defecciones del diputado Carlos Aysa Damas, de 25 años, colado a una curul por su padre Carlos Aysa González, quien fue gobernador sustituto de Moreno.
En medio de este pantano de ideologías, pugnas e intereses creados, ha quedado enajenada la necesidad de una discusión seria sobre el propósito de Palacio de llevar a la Constitución su Ley de la Industria Eléctrica, lo que la blindaría de los más de 200 amparos que acumula ya. Se trata en realidad de una contrarreforma a lo establecido en el marco legal en 2014, bajo el gobierno Peña Nieto, que ciertamente prohijó abusos al abrir a los privados dos de las cuatro tareas ligadas a la actividad: la generación y la comercialización de electricidad, dejando la transmisión y la distribución, más estratégica, en manos del Estado, vía CFE.
En lugar de combatir los abusos, especialmente mediante permisos que luego eran traficados, la llamada “Ley Bartlett” propone en los hechos una virtual expropiación de los proyectos privados existentes, al parecer inspirado por el modelo emprendido hace 75 años en Francia —donde el director de CFE estudió medio siglo atrás— para crear a la poderosa “Electricité de France”. Desde entonces, sin embargo, esa compañía —ahora pública— y el mundo de la electricidad se han transformado enormemente.
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