Las semanas recientes, tras la llegada del exdirector de Pemex , Emilio Lozoya , el país ha presenciado un carnaval de acusaciones, señalamientos y declaraciones contra funcionarios del sexenio Peña Nieto y más atrás, incluso hasta los gobiernos de Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari .
Fuentes cercanas al caso alertaron a este espacio que la dimensión verdadera de esta historia se va diluyendo ante indicios de un uso político, con impactos decrecientes. La expectativa de un maxi-proceso puede acabar en una maxi-desilusión.
De acuerdo con los dudosos reportes, vía WhatsApp, por parte del Poder Judicial de la Federación sobre las comparecencias del procesado, el cúmulo de preguntas de la Fiscalía General de la República ( FGR ), que encabeza Alejandro Gertz Manero , abre un abanico de interrogantes donde todo aquel ligado a la petrolera e incluso al sector energético puede sentirse en peligro de cárcel.
Sin embargo, la frase más utilizada por el fiscal general durante sus entrevistas (“no basta con decir, hay que probar”) muestra una reserva pertinente, porque este episodio marcará no solo la trayectoria de Gertz sino la apuesta por una fiscalía independiente.
Entre las acusaciones tambaleantes que Gertz probablemente deberá echar al cesto de la basura figura la denuncia levantada por la Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval , que en septiembre de 2019 denunció a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex por no oponerse a la compra de la compañía Agro Nitrogenados .
Se trata, sin duda, de una operación fraudulenta , que saqueó al erario al menos 275 millones de dólares y comprometió el gasto de 200 millones más por una planta que no operaba y cuyo precio en el mercado llegaba quizá a 40 millones de dólares. En realidad, una chatarra .
Pero una revisión de las atribuciones legales del citado Consejo de Administración puede llevar a la conclusión de que la secretaria Sandoval fue engañada o buscó, nuevamente, atraer hacia sí los reflectores.
Usted p uede encontrar aquí la liga para el Acta 865 de la reunión de Consejo celebrada el 17 de diciembre de 2013. Esa instancia era presidida por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell ; incluía a varios subsecretarios de esa secretaría y de la Hacienda, así a consejeros independientes.
Halle también aquí el enlace de la Ley de Pemex . Revise el artículo 19 y el 42. Parece quedar claro que la ley dotaba a Lozoya del privilegio de llevar ante el Consejo asuntos para su autorización, y de otros podía sólo informar, como fue este caso, según menciona el acta en su página 14 y sucesivas.
En ese 2013 la mencionada ley daba al Consejo el poder de revisar los negocios de Pemex y sus subsidiarias, no las filiales, una de las cuales, PMI Infraestructura y Desarrollo, fue la que autorizó la compra de Agro Nitrogenados, según la presentación realizada por el propio Lozoya y por el director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres , que ha sido inhabilitado dos veces sucesivas y la Función Pública lo multó por más de 3,000 millones de pesos.
Las atribuciones del Consejo de Pemex fueron modificadas durante 2014 en una nueva legislación derivada de la llamada Reforma Energética , para dotarlo de la potestad de supervisar el trabajo de las filiales de la empresa estatal.
Aun más, la referida fracción II del artículo 42 exime de responsabilidades a los consejeros “cuando toman decisiones de buena fe y a partir de la información que recibe de la administración de la empresa”.
¿Entonces?
