La historia ya era un escándalo en el sector portuario cuando, en noviembre del 2018, EL UNIVERSAL reveló corrupción en la Administración Portuaria de Manzanillo (APIMan) para beneficiar a parientes del gobernador de Colima, el priista Ignacio Peralta Sánchez, amigo personal del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El acto ilegal confirmaba un diagnóstico más grave: las operaciones mercantes y aduanales en ese puerto estaban infiltradas por una corrupción galopante, lo que incluía el crimen organizado, pues se trata de una de las puertas principales para la entrada de fentanilo, la poderosa droga de diseño cuyo intenso flujo hacia Estados Unidos ha enfurecido por años a Washington.
A la entrada del gobierno López Obrador las indagatorias comenzaron a arrastrar los pies, durante casi 20 meses, hasta que en agosto pasado el sector tuvo un sacudimiento. Hay indicios de que los ajustes se precipitaron tras la exasperación del gobierno norteamericano, vía la DEA. Esa presión persiste y, ahora sí, puede llevar a que se den los primeros arrestos.
El cabo inicial de la historia es un personaje menor: Ovidio Nodal Nicolau, administrador de la APIMan, señalado por el contrato aludido. Dejó el cargo discretamente en enero de 2019, tras que “El Gran Diario de México” reportó que el fiscal Alejandro Gertz Manero y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, investigaban el expediente… armado en 2018. Poco se ha dicho de Ricardo Martínez Gómez ni de Alejandro Hernández Cervantes, altos funcionarios de SCT que avalaron el mismo contrato.
En el mismo enero de 2019, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, designó al frente de la APIMan a Héctor Mora Gómez, considerado aliado o socio de Nodal. Mora tenía desde 2017 señalamientos en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico. A ello se sumaba el estupor ante irregularidades en la aduana del propio Manzanillo, cuyo administrador nacional era desde diciembre de 2018, Ricardo Peralta, quien luego se desempeñó como subsecretario de Gobernación (mayo 2019-agosto 2020).
Mora duró en el puesto 19 meses. En agosto pasado fue removido con premura y se designó como encargado de despacho a Rubén Navarro. Unos días después llegó el almirante Salvador Gómez Meillón, al mismo tiempo que se procesaba su pase a retiro. También salió el responsable del puerto de Mazatlán, Jorge Alejandro González, sustituido por el contralmirante Mariel Aquileo Ancona. Estos cambios habían sido precedidos desde el 25 de julio por la llegada a la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de Rosa Icela Rodríguez, exsecretaria de Gobierno en la Ciudad de México y cercana al presidente López Obrador.
Apuntes:
Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal por el PVEM, es frecuente objeto de señalamientos, usualmente replicados desde un modesto diario capitalino cuya propiedad se le atribuye, el cual cuenta con una publicación filial en San Luis Potosí (y otra en Puebla, curiosamente). Hay que resaltar un mérito indudable del señor Gallardo: su persistencia. En 2015 fue detenido bajo cargos de lavado de dinero cuando se aprestaba a competir por la gubernatura potosina. Casi seis años después anda en las mismas, buscando la candidatura de Morena, pero apenas el viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, visitó el estado, y reveló que ha sido presentada una denuncia contra el diputado pevemista ante la fiscalía general… por lavado de dinero. Ojalá que al menos se reconozca la perseverancia de este hombre.
