Autoridades federales disponen de evidencias sobre lavado de dinero y evasión fiscal contra Luis Serna , secretario particular de Miguel Ángel Mancera cuando éste se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Se trata de un amigo de la infancia y quizá uno de los hombres más cercanos al actual senador. Puede ser también la pieza final del derrumbe definitivo de una facción política que alguna vez soñó con conquistar la presidencia de la República.
Una denuncia contra Serna Chávez ante la Fiscalía General de la República fue integrada por la Unidad de Inteligencia Financiera que conduce Santiago Nieto . Las evidencias apuntan a que Serna y otro grupo de personas actuaron como prestanombres de Mancera y otros funcionarios de la administración capitalina, para permitir la acumulación de una inmensa cantidad de bienes inmuebles.
Fuentes cercanas al caso revelaron que la acumulación de casas, departamentos y otros activos no declarados cuando fue funcionario permiten a Mancera reportar fiscalmente ingresos por al menos seis millones de pesos mensuales por concepto de arrendamientos inmobiliarios.
El nombre de Serna y otros integrantes del que fuera el primer círculo de Mancera figura también en indagatorias de autoridades de Estados Unidos, extrañadas por operaciones cuantiosas celebradas mediante pagos en efectivo.
Luis Serna y su hermano mayor, Julio César (exdirector de la Central de Abastos y exjefe de Oficina), son como Mancera, de extracción humilde. Los tres se conocieron jugando futbol en espacios improvisados de la colonia Tacuba, un antiguo barrio capitalino.
Esa amistad juvenil perduró con los años y, según los expedientes respectivos, empezó a traducirse en prósperas fortunas al menos desde que el hoy senador se desempeñó como Procurador de Justicia de la Ciudad de México (2008-2012).
Este entramado ha venido siendo desmenuzado por funcionarios judiciales federales y de la administración que encabeza la gobernante morenista de la ciudad, Claudia Sheinbaum, que creen identificar la existencia de una red de intereses que engarzó a servidores públicos con empresas constructoras en lo que ha sido descrito como un “cártel inmobiliario”.
En diciembre pasado, Julio César Serna fue inhabilitado por la Contraloría capitalina, y hace apenas un mes, el 8 de enero, un juez le extendió una suspensión contra la inminente orden de aprehensión en su contra. Datos disponibles ubican ya a los hermanos Serna fuera del país, desde donde se defenderían de acusaciones penales.
En marzo de 2018 Julio César Serna dejó su cargo como jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno para asumir la coordinación de la campaña de Alejandra Barrales, apoyada como candidata al gobierno capitalino por el PRD y el PAN, que previamente habían pactado la postulación de Ricardo Anaya para buscar la presidencia. Ese acuerdo hizo que Mancera rindiera sus propias aspiraciones presidenciales. Afectado ya por un declive en su fortaleza política, acabó arropado por el PAN para una senaduría plurinominal, que ahora desempeña con un esmerado bajo perfil.
Mancera mismo cubrió la vacante en la jefatura de Oficina con Miguel Ángel Vásquez Reyes, un hombre que apenas 12 años antes se desempeñaba como chofer de Victorio Montalvo Rojas, funcionario citadino en el ámbito laboral y considerado una suerte de cacique sindical.
Vásquez Reyes mantuvo su cargo en la gestión interina de José Ramón Amieva. Las fuentes consultadas aseguran que su verdadera tarea fue formar un ejército electoral integrado por al menos 10 mil burócratas que operaron en forma ilegal para beneficiar la campaña de Barrales y otros candidatos del PRD en la Ciudad de México y en su zona conurbada. La plantilla laboral de la capital supera los 300 mil trabajadores, con un presupuesto anual de 90 mil millones de pesos.
En diciembre pasado se generó para este personaje su propia orden de aprehensión, que ha logrado combatir mediante resoluciones judiciales diversas.
Las autoridades han logrado conjuntar suficientes piezas para describir una maquinaria deliberadamente construida para montar negocios ilegales a partir de la plataforma política y administrativa con la que fue dotado un amplio grupo de colaboradores y amigos de Mancera, enhebrada por sus principales operadores políticos y financieros. Ahora toda esa maquinaria parece asomarse al precipicio.
