Un hombre vencido por la vergüenza, en busca de un pacto con la justicia, o quizá decidido a rescatar la dignidad que dio brillo a su familia por décadas, aceptó en días pasados hablar con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Lo que le compartió, inicialmente en un discreto coloquio, puede tener el efecto de una bomba que abra por primera vez en la historia moderna del país un proceso penal en contra de un expresidente de la República: Enrique Peña Nieto.
Se trata de Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex actualmente retenido en España en espera de su extradición a México, donde le esperan tres pesados cargos penales: delincuencia organizada, operaciones con recursos de origen ilícito y obtención de sobornos para otorgamiento de contratos y otros privilegios.
De acuerdo con fuentes cercanas a estos encuentros, Lozoya Thalmann buscará deslindarse, lo mismo que al resto de su familia, frente a manejos de su hijo. Pero aportará testimonios de que Lozoya Austin no fue el único beneficiado con esos manejos, en una historia que podría remontarse a la campaña presidencial de Peña Nieto y a los meses posteriores a su triunfo electoral, cuando según denuncias reiteradas, existieron aportaciones ilegales y sobornos directos pagados, entre otras entidades, por la empresa brasileña Odebrecht.
“Los indicios aportados (por Lozoya padre) apuntan a niveles por encima del exdirector de Pemex”, indicaron a este espacio las fuentes consultadas, lo que coincide con dichos de su abogado, Javier Coello Trejo, en el sentido de que el ahora extraditable “no se mandaba solo”.
Lozoya Thalmann fue director del ISSSTE y secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), del que fue compañero de banca en la Facultad de Economía de la UNAM, junto con Manuel Camacho Solís, José Francisco Ruiz Massieu, Hugo Andrés Araujo y Alberto Anaya, entre otros. Al llegar al gobierno ya portaba dos maestrías en administración, una por Columbia y otra por Harvard.
Jesús Lozoya Solís, abuelo del ahora funcionario preso, nació en 1910 con el estallido de Revolución; llegó a ser general brigadier y médico militar cuyos logros en pediatría recibieron reconocimiento internacional. Gobernó su estado, Chihuahua, en forma interina (1955-1956) y dirigió la Escuela Médico Militar, cuya historia escribió.
Pero el heredero de ese legado se halla hoy bajo un mar de denuncias de corrupción, en el que hundió a su madre (bajo prisión domiciliaria en México), también de 71 años, en cuyas cuentas buscó presuntamente lavar cerca de 190 mil dólares. También es señalado de implicar en operaciones ilegales a su hermana, ahora prófuga, y a su esposa, integrante del emporio familiar alemán-europeo “Eckes Granini”, fundado hace más de 160 años.
Apuntes:
La administración López Obrador decidió posponer, con plazo indefinido, la presentación de un paquete de reformas en materia de justicia penal, pese a que no tenían identidad alguna con las propuestas cuyos borradores filtrados a mediados de enero y que despertaron un enorme rechazo porque su implementación hubiera derruido al nuevo sistema acusatorio y violentado múltiples derechos ciudadanos. La autoría de estos documentos ha sido atribuida en este mismo espacio al fiscal general Gertz Manero, pero éste se ha deslindado de ello en diversos ámbitos. Como fuere, la intentona quedó sepultada. El tema de lo que es llamada ya “una reforma sensata”, en la línea de lo construido hasta ahora, no saltará nuevamente a la luz pública antes de septiembre, cuando inicie un nuevo periodo legislativo.
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