A “Proceso”, a Carmen Aristegui
Miguel Ángel Mancera soñó alguna vez con ser presidente de la República. Dos golpes de suerte lo sacaron del anonimato y, en solo cuatro años, lo hicieron, procurador de Justicia en la capital del país (2008), y después jefe de Gobierno. Con la misma rapidez inició su caída en 2015, y en 2018 logró con las uñas una senaduría. Hoy encara el riesgo de un juicio de desafuero, lo que lo pondría con un pie en la cárcel.
La administración capitalina, a cargo de Claudia Sheinbaum, ha confeccionado con paciencia un cerco en torno al grupo que acompañó a Mancera y mostró enorme apetito por negocios desde el poder público. Hasta ahora se han levantado imputaciones sobre exfuncionarios del sector financiero y contra quienes se apropiaron de fondos destinados a paliar los efectos del terremoto del 2017. Pero la justicia ya toca a la puerta del personalísimo primer círculo de Mancera.
La cadena de complicidades se reventó por un eslabón débil: Miguel Ángel Vásquez, imputado desde febrero de 2020 por diversos cargos, entre ellos desviar casi 300 millones de pesos destinados a pensiones de jubilados de la ciudad. Este hombre pasó en 10 años de chofer de un jefe policiaco a ser uno de los colaboradores más poderosos de Mancera, junto con Héctor Serrano, secretario de Gobierno, y luego de Movilidad; Julio Serna, jefe de Oficina de la jefatura de Gobierno, y su hermano, Luis Serna, secretario particular.
Para aliviar su condición judicial, Vásquez implicó a Julio Serna, y de ahí se ha desgranado una serie de nuevas acusaciones que podrían alcanzar a una veintena adicional de personajes, revelar un enorme saqueo de dineros públicos, la alucinante acumulación de bienes inmuebles producto de la extorsión sobre desarrolladores, así como gordas cuentas bancarias, en particular en el extranjero.
Apuntes: Como le anticipé este domingo, el gobierno López Obrador prepara un sacudimiento en el sector salud que podría arrojar sus primeras luces en la mañanera de hoy. Durante el pasado fin de semana hubo una encerrona con todas las cabezas de las instituciones involucradas, a la que se sumaron jefes militares ante la inminente designación de un mando castrense al frente de la distribución de medicamentos. Pese a dos reclamos presidenciales sobre el desabasto que se arrastra, no parece que las cosas vayan a mejorar en los próximos meses. A ello se suma el desafío que supone la nueva variante de covid, la insuficiente vacunación con esquema completo en el país, la urgencia de que se administren dosis de refuerzo a quienes hayan rebasado los seis meses de haber sido inmunizados, y se generalice el otorgamiento de la vacuna para menores. Se prevé que reaparezca el “Doctor Muerte”, Hugo López Gatell, diciéndonos que todo está bien. Pronto nos enteraremos de que él se opuso a fincar nuevos pedidos de vacunas que hubieran garantizado suficiencia. Ahora enfrentaremos un mercado agotado y caro ooo La directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, animada por una fijación ideológica alentada desde el sector radical de la 4T, asestó una bofetada a la comunidad académica y estudiantil del CIDE al imponer como director a José Romero Tellaeche, que acumulaba semanas de repudio abierto. Contra lo que se informó, la determinación del Consejo Directivo de la institución no fue unánime, pues se opusieron los representantes del INE y de la Secretaría de Energía. Este episodio estrafalario puede ser la chispa que acabe por incendiar la pradera en otras instituciones educativas públicas y tengamos en el país una caliente primavera.
La administración capitalina, a cargo de Claudia Sheinbaum, ha confeccionado con paciencia un cerco en torno al grupo que acompañó a Mancera y mostró enorme apetito por negocios desde el poder público. Hasta ahora se han levantado imputaciones sobre exfuncionarios del sector financiero y contra quienes se apropiaron de fondos destinados a paliar los efectos del terremoto del 2017. Pero la justicia ya toca a la puerta del personalísimo primer círculo de Mancera.
La cadena de complicidades se reventó por un eslabón débil: Miguel Ángel Vásquez, imputado desde febrero de 2020 por diversos cargos, entre ellos desviar casi 300 millones de pesos destinados a pensiones de jubilados de la ciudad. Este hombre pasó en 10 años de chofer de un jefe policiaco a ser uno de los colaboradores más poderosos de Mancera, junto con Héctor Serrano, secretario de Gobierno, y luego de Movilidad; Julio Serna, jefe de Oficina de la jefatura de Gobierno, y su hermano, Luis Serna, secretario particular.
Para aliviar su condición judicial, Vásquez implicó a Julio Serna, y de ahí se ha desgranado una serie de nuevas acusaciones que podrían alcanzar a una veintena adicional de personajes, revelar un enorme saqueo de dineros públicos, la alucinante acumulación de bienes inmuebles producto de la extorsión sobre desarrolladores, así como gordas cuentas bancarias, en particular en el extranjero.
Apuntes: Como le anticipé este domingo, el gobierno López Obrador prepara un sacudimiento en el sector salud que podría arrojar sus primeras luces en la mañanera de hoy. Durante el pasado fin de semana hubo una encerrona con todas las cabezas de las instituciones involucradas, a la que se sumaron jefes militares ante la inminente designación de un mando castrense al frente de la distribución de medicamentos. Pese a dos reclamos presidenciales sobre el desabasto que se arrastra, no parece que las cosas vayan a mejorar en los próximos meses. A ello se suma el desafío que supone la nueva variante de covid, la insuficiente vacunación con esquema completo en el país, la urgencia de que se administren dosis de refuerzo a quienes hayan rebasado los seis meses de haber sido inmunizados, y se generalice el otorgamiento de la vacuna para menores. Se prevé que reaparezca el “Doctor Muerte”, Hugo López Gatell, diciéndonos que todo está bien. Pronto nos enteraremos de que él se opuso a fincar nuevos pedidos de vacunas que hubieran garantizado suficiencia. Ahora enfrentaremos un mercado agotado y caro ooo La directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, animada por una fijación ideológica alentada desde el sector radical de la 4T, asestó una bofetada a la comunidad académica y estudiantil del CIDE al imponer como director a José Romero Tellaeche, que acumulaba semanas de repudio abierto. Contra lo que se informó, la determinación del Consejo Directivo de la institución no fue unánime, pues se opusieron los representantes del INE y de la Secretaría de Energía. Este episodio estrafalario puede ser la chispa que acabe por incendiar la pradera en otras instituciones educativas públicas y tengamos en el país una caliente primavera.
rockroberto@gmail.com
