La semana recién terminada desnudó el grave deterioro del Poder Judicial de la Federación ( PJF ) bajo la presidencia del ministro Arturo Zaldívar. Vicios y rupturas internas, sumados a una sorda injerencia desde el Ejecutivo, atraen el riesgo de que al término de este gobierno se produzca, justo tres décadas después, un cisma similar al vivido en 1994 para rescatar a ese órgano vital del Estado.
El telón de fondo de esta historia se enhebra con la certeza de la llamada cuarta transformación de que el conservadurismo y la corrupción se han enquistado en las instancias diseñadas en democracia como contrapesos del poder —los jueces, destacadamente. Por ello, argumentan, esa última frontera debe ser colonizada, sometida, dinamitada de ser necesario. No pocos observadores identifican en esto el simple ánimo de replicar la complicidad del pasado entre políticos, jueces y despachos de abogados para hacer negocios.
Tras meses de desgaste y contradicciones, Zaldívar Lelo de Larrea (quien mañana cumplirá 62 años) tomó distancia este viernes de un artículo transitorio en la reforma al sistema judicial que impulsó en 2020 y que, entre otros privilegios, extiende hasta 2024 su presidencia en la Corte y en el Consejo de la Judicatura federal. Esta reforma fue impugnada en noviembre pasado por el Relator Especial ad hoc de Naciones Unidas.
Zaldívar incurrió en lo que se había dicho impedido: pronunciarse en público sobre la reforma aprobada por el Congreso —el cual queda ahora en ridículo. No lo anticipó a sus homólogos en la Corte, que de toda suerte se alistan a emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de ese transitorio en una sesión en la que tienen previsto pedir a su presidente excusarse por conflicto de interés; incluso, ausentarse en ese momento del pleno de sesiones. Se prevé una votación 10-0.
Nadie dirá que el ministro presidente haya inscrito una página de dignidad: antes, durante la “mañanera”, el presidente López Obrador reveló (“mi pecho no es bodega”) que habían desayunado juntos, y adelantó que la extensión de la presidencia en el PJF no sería posible. La subordinación resultó patente.
Zaldívar protagoniza también un juego de vencidas sobre la presidencia del tribunal electoral federal ( TEPJF ), donde su intromisión y la del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, han sido denunciadas por bloques enfrentados de magistrados. A ello debe atribuirse el que en los últimos 20 meses el tribunal haya tenido tres presidentes formalmente electos y, ahora, uno más “de facto”. La novedad aparente es que Scherer y Zaldívar discrepan sobre lo que debe ocurrir en el tribunal.
Un grupo disidente de magistrados generó el jueves la “remoción” del presidente de ese órgano, José Luis Vargas . A expertos consultados que revisaron la respectiva versión estenográfica, no les quedan claros ni los motivos ni la base legal de lo determinado en la sesión que encabezó Janine Otálora y donde se entronizó como nuevo “presidente” a Reyes Rodríguez.
Vargas interpuso un recurso ante la Corte para que, como permite la ley orgánica del PJF (artículo 11, fracción XII), dirima en este caso y resuelva a quién asiste la razón. Ese mismo pedimento lo hizo Ricardo Monreal , líder de Morena en el Senado. Pero Zaldívar sólo atendió a los magistrados rebeldes; entre ellos, a varios protegidos promovidos desde juzgados federales. Y el viernes mismo hizo lo que cualquier juez tiene prohibido: condenar de antemano a Vargas por considerar “inviable” su presidencia.
Un incentivo indudable de esta nueva crisis en el tribunal es la inminencia de sentencias sobre procesos electorales impugnados, en particular gubernaturas. Pero ningún juez puede impartir justicia en medio de este lodazal.
