Con una paciencia solo imaginable en alguien que no desea equivocarse y que encuentra un disfrute especial en el proceso, los gobiernos López Obrador y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, alistan un primer bloque de acciones penales en contra de personajes emblemáticos de la administración del exmandatario capitalino Miguel Ángel Mancera.
Es cuestión de días, máximo semanas, para que nos enteremos que algunos de esos hombres clave han abandonado el país, por lo que la condición de prófugos de la justicia federal y local pende ya sobre ellos.
En la lista destaca Julio César Serna, amigo de Mancera desde la adolescencia y funcionario suyo en áreas relevantes. Enfrentará acusaciones que seguirán a la inhabilitación ya dictada en su contra por 10 años para desempeñarse en la función pública.
Reportes allegados a este espacio dan por descontado que el mayor de los hermanos Serna (el otro, Luis, se halla en el mismo camino) dispone ya de abogados para ayudarlo a encarar señalamientos múltiples ligados con su desempeño en la Central de Abastos y la triangulación de fondos de origen ilegal, que incluyen operaciones financieras e inmobiliarias en Estados Unidos.
Es probable que esté por implementarse el congelamiento de algunas de sus cuentas, por promoción tanto de autoridades de nuestro país como de la Unión Americana.
El señor Serna acumuló en los años recientes, según la fuentes consultadas, un amplio listado de propiedades también en la capital, lo que parece ser la constante en los principales integrantes del equipo que continúa cerca del ahora senador Mancera.
Otros dos casos son los de Felipe de Jesús Gutiérrez, ex titular de Desarrollo, y de Edgar Tungui Rodríguez, responsable de los programas de reconstrucción tras los sismos de 2017. Ambos fueron también inhabilitados y deberán responder ante una montaña de acusaciones, que lo mismo tocan a humildes familias damnificadas que a sofisticados corporativos inmobiliarios.
El frente de operadores políticos en la administración Mancera no quedará exento de ser ligado a historias de barandilla de Ministerio Público.
Miguel Ángel Vásquez, miembro destacado en un oscuro campo de maniobras laborales, políticas y partidistas, está siendo ubicado junto con sus jefes inmediatos en una indagatoria de carácter esencialmente federal, por la malversación y lavado de cientos de millones de pesos saqueados de programas diversos desviados a la compra de bienes en beneficio de funcionarios plenamente identificados, o incluso convertidos en dinero en efectivo que fue a dar a los bolsillos de los beneficiarios, presos de una ambición que no ha dejado de sorprender a los fiscales a cargo de las indagatorias.
Las pesquisas se están extendiendo a exlíderes sindicales como Juan Ayala o como un bizarro dirigente del Cuerpo de Bomberos capitalino, el segundo de los cuales ya no estaría tampoco en territorio nacional.
Ayala fue defenestrado en meses pasados de la dirigencia de burócratas de la Ciudad de México, cuyo control alcanzó mediante prebendas alimentadas con dinero oficial, según se asegura en las investigaciones correspondientes.
En las semanas recientes ha sido descrito en diversos espacios periodísticos en pleno activismo secreto para conservar su influencia, lo que habría incluido encuentros privados con la participación del citado Mancera y del líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sin que ninguno de los dos haya confirmado o desmentido tales reuniones.
Apuntes
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El fiscal general Alejandro Gertz avanza en una indagatoria sobre un refinado esquema de extorsiones desde altas esferas de la administración Peña Nieto. Los principales señalamientos son de empresarios y de funcionarios públicos caídos en desgracia, y se orientan hacia el que fuera poderoso consejero jurídico presidencial Humberto Castillejos, al que se atribuyen una colusión con Alberto Bazbaz, que tuvo a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera y el Cisen. También, Alberto Elías Beltrán, exprocurador. El esquema habría incluido a destacados abogados penalistas que eran el canal para alertar a los destinatarios sobre órdenes de aprehensión que los ponían con un pie en la cárcel, lo que desde luego podía evitarse mediante las consabidas maniobras.
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