La ciudad de México está catalogada como la metrópoli con más policías por cada 100 mil habitantes en el mundo, sólo después de Shanghái, China. Un cuerpo de más de 70 mil efectivos, apoyados en decenas de miles de cámaras para videovigilancia, integran una infraestructura que debió evitar que ocurriera un atentado como el que este viernes buscó asesinar al jefe policial más emblemático del país, Omar García Harfuch . Debemos condenar la agresión, pero también encontrar qué falló.
Las dudas inmediatas giran en torno a si algún personaje en torno al propio García Harfuch incurrió en una delación que haya facilitado la acción de los criminales. Preguntémonos si la calidad de la base tecnológica en la que se apoya la red de vigilancia capitalina es la adecuada, o si se sigue privilegiando a los proveedores de siempre, con mediocres resultados. También, si el sistema de inteligencia, local y federal, muestra los estándares de eficacia necesarios -tema sobre el cual existen sobradas y justificadas críticas.
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La declaración esta mañana del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, en el sentido de que se han producido amenazas en contra de jefes policiacos, parecen una obviedad si no se acompañan de acciones contundentes para identificar a los responsables.
Nada en la reacción de las autoridades apunta en el sentido de que acepten que este ataque es un golpe al corazón de la República, no sólo por la importancia del personaje involucrado y la muerte de tres personas, sino porque es una evidencia abrumadora de que el Estado está fracasando en su errática estrategia para salvar a la nación del crimen organizado.
Todo esto se produce en un entorno de violencia criminal en múltiples estados, con proporciones y bajo condiciones de brutalidad para los que debe ser difícil encontrar precedentes. A las decenas de ejecuciones ocurridas en las últimas 48 horas habría que agregar los indicios de que un comando pretendía colocar explosivos en la refinería de Pemex, en Salamanca, Guanajuato.
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Es inevitable subrayar la transición que parece observar el equipo de citado secretario Alfonso Durazo, que parece concentrado en anticipar una campaña para la elección de gobernador en Sonora, soslayando según todas las evidencias sus obligaciones frente al gobierno López Obrador y frente al país.
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