Cuando fue postulado para ser el primer fiscal general de la República, hace un año justo, Alejandro Gertz Manero dijo a sus cercanos que siempre soñó con ser titular de la antigua Procuraduría. Quienes lo escucharon supieron desde entonces que intentaría restaurar el diseño de una institución inquisitorial, poderosa y arbitraria, aunque tuviera que navegar a contracorriente del nuevo sistema penal acusatorio, que le costó al país 20 años de deliberaciones y cuya implementación se halla todavía a medidas.
La historia del pasado miércoles 15, que desató una crisis y atrajo un sólido rechazo de virtualmente todos los ámbitos de nuestra vida pública, apenas se empieza a escribir. Pero fuentes confiables anticiparon a este espacio que este despropósito está en proceso de desmantelamiento.
Lo que surja en su lugar debe ser una corta lista de iniciativas formales, entre las que destacarán una propuesta de un Código Penal nacional que ha sido negociado por meses con los estados; una reforma del Poder Judicial de la Federación que surgirá desde su interior; leyes reglamentarias para el nuevo catálogo de delitos definido constitucionalmente, y una ley de penas que reduzca la población carcelaria y apoye a quien por primera vez delinque.
Cercanos al proceso desde el Congreso dejaron saber a instancias gubernamentales que proponer una nueva versión de la PGR sería intransitable en el Senado, a lo que se sumaron dirigentes de Morena que tienen claro el impacto que traería en las urnas un acto estrafalario de la dimensión que se pretendía.
Hasta donde se puede conocer en este momento, el señor Gertz intentó un madruguete, a la administración López Obrador y al país todo: mostraría como un hecho consumado algo que apenas debió ser la agenda para un debate nacional. Porque los documentos que traía ya bajo el brazo no exhibían la firma presidencial, la única con derecho de iniciativa, desde el gobierno, para iniciar un proceso legislativo. Y sus propósitos eran tan tóxicos que se habría necesitado un senador suicida para patrocinarlos.
Versiones consultadas en diversos ámbitos del proceso judicial dan cuenta de que el fiscal Gertz sostuvo conversaciones informales con varias instancias clave, como la Corte, presidida por Arturo Zaldívar, o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo. Pero no fue sino hasta el día 14 que los documentos elaborados por su equipo llegaron a Los Pinos.
En ese momento todo se empezó a derrumbar. Surgieron las primeras alertas de que el mamotreto ininteligible de Gertz debía ser regresado a sus delirantes asesores. A las oficinas de redacción de múltiples medios informativos llegaron documentos en los que se habla, entre otras vertientes, de 14 reformas constitucionales que se traducían en atropellos a los derechos humanos y a la división de poderes. Y reclamaban para la Fiscalía General autonomía operativa y presupuestal. De acuerdo con las fuentes consultadas, la filtración debe atribuirse a la propia Fiscalía.
Todavía faltan episodios de esta trama. Por ahora habría que esperar que el músculo de la sociedad y la prudencia en algunos ámbitos gubernamentales mantengan a la vieja PGR como debe estar: bien sepultada.
APUNTES
Juan Antonio Ferrer, director del controvertido Instituto Nacional del Bienestar, que sustituye al Seguro Popular, acudirá hoy a la “mañanera” presidencial con dos noticias y una señal. La primera, sin muchas novedades, es el número de estados que se ha sumado a ese organismo, con lo que avalan la pertinencia de un modelo centralizado, en manos federales, para constituir un sistema nacional de salud. La cifra de entidades sigue sin llegar a 20, lo que da cuenta de una resistencia importante, incluso si se considera el amago de limitar recursos a gobernadores que han mostrado rebeldía ante un esquema que, entre otros temas, los obligará a entregar su infraestructura hospitalaria, que en muchos casos trabaja con eficacia, especialmente en el centro y norte del país. Frente a esa rebeldía que ha mostrado consistencia, Ferrer pondrá sobre la mesa, por vez primera, que no hay una sola puerta para sumarse. Con algunos estados ya se negocia una cesión en comodato que le permita a la autoridad local supervisar la operación que tengan estos hospitales. ¿Será suficiente para convencerlos?
