El gobierno López Obrador luce decidido a emprender una salida al laberinto en el que se halla su promesa de un sistema universal de salud pública, que otorgue el mismo acceso, servicio y calidad en la atención sanitaria a cualquier paciente. El nuevo modelo coloca al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el motor para consolidar la infraestructura hospitalaria pública en el país, pero desde sus primeras etapas ha comenzado a enfrentar vacíos y resistencias.
Las finanzas del sector lucen exhaustas no sólo por el impacto de la pandemia, sino por el desastre que han supuesto tres apuestas fallidas de López Obrador: el Instituto Nacional del Bienestar (Insabi), confiado a su paisano Juan Antonio Ferrer, quien durante más de 30 años no supo más que de administrar zonas arqueológicas; el acuerdo para que la UNOPS, un modesto organismo de Naciones Unidas, organizara la compra de medicamentos, y el relanzamiento del sistema gubernamental de laboratorios farmacéuticos conocido como Birmex, a cargo de Pedro Zenteno, activista del Estado de México que desde hace meses consagra tiempo y recursos en promoverse para ser candidato a la gubernatura de esa entidad.
La pesadilla del desabasto de medicamentos e insumos que ha marcado el presente sexenio por la presencia de monopolios y “cárteles” entre los principales proveedores, así como por incompetencia y discrecionalidad en las autoridades, será sometida a un nuevo experimento al entregar el control de las compras a la Secretaría de la Función Pública, que conduce Roberto Salcedo. Esto supondrá una reforma legal que ya es analizada en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con reportes confiados a este espacio, ese proyecto será encabezado por Thalía Lagunes Aragón, que se mudaría de la poderosa Oficialía Mayor de Hacienda, donde fue designada en diciembre de 2019 como relevo de Raquel Buenrostro, actual titular del SAT. Esta última concentró en la entidad que hoy conduce Rogelio Ramírez de la O, todo el sistema de compras gubernamentales. En el caso de las medicinas, ello atrajo una larga crisis en abasto, precios finales y calidad.
No está claro si Lagunes actuará en Función Pública como parte del largo brazo de su actual jefe o quedará sometida a los dictados de Palacio, desde donde han sido designados en el Insabi paisanos e improvisados que ejercen presupuestos de miles de millones de pesos mediante asignaciones directas y otras modalidades opacas.
En el frente de la consolidación de una sola infraestructura nacional que absorba las redes hospitalarias y los equipos bajo control actual de los estados, las cosas se comienzan a atorar. El modelo supone conservar al IMSS, que dirige Zoé Robledo, en su actual modalidad jurídica, operativa y laboral. Y crear una red independiente bajo la denominación de IMSS Bienestar. Se dejará al siguiente gobierno decidir si ambos esquemas se fusionan. Fuentes de Palacio aseguran que López Obrador le propuso a Robledo mantenerse en el puesto más allá de 2024 si Morena conserva el poder, lo que pondría en predicamento la legítima aspiración de aquél para gobernar su natal Chiapas.
La prueba piloto en esta estrategia la ofreció Nayarit, que gobierna el morenista Miguel Ángel Navarro, médico de profesión y expresidente de la Comisión de Salud del Senado. Esto facilitó la transición, junto con el modesto número de instalaciones existentes. En otros estados bajo Morena, como Tlaxcala, con Lorena Cuéllar, han surgido tensiones sindicales. Y entidades con las redes más consolidadas, como Nuevo León, Guanajuato o Jalisco, exhiben amplias reservas para incorporarse a este modelo.
Nuestra profunda crisis en salud nos recuerda que las cosas de Palacio marchan despacio.
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