A los colegas agraviados durante las “mañaneras” presidenciales a manos de porros disfrazados de periodistas, con el aval gubernamental.
Una extensa cadena de complicidades parece estar nuevamente en marcha para que un bloque de empresas intermediarias, intocables pese a denuncias de comportamiento monopólico, arranquen del ya exhausto presupuesto de salud contratos por decenas de miles de millones de pesos al año.
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se halla, como ocurrió con su antecesor, Germán Martínez, frente al dilema de bloquear lo que a todas luces se advierte como un saqueo sobre el erario federal, o someterse al poderoso cabildeo de estas compañías.
Se trata del llamado Cártel de la Sangre, un bloque de empresas denominadas oficialmente “integradoras”, que acaparan el trabajo de pequeños productores de insumos ligados a estudios clínicos, bancos de sangre, exámenes para recién nacidos, sondas de hemodiálisis y múltiples artículos más que ofrecen en paquete como proveedores virtualmente únicos, pues se coluden para inflar precios, especular con las necesidades de los enfermos y arrodillar a las autoridades médicas en este campo.
Su capacidad de cabildeo es ejercida a todos los niveles, por lo que son señalados de sobornar a funcionarios colocados en las áreas en donde se toman las decisiones de compra, tanto a nivel federal como estatal. Sus ingresos son estimados en al menos 20 mil millones de pesos anualmente.
Un ejemplo de su poder es que desde 2016 se halla depositada ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) una denuncia de comportamiento monopólico contra una veintena de compañías que conforman este cártel, sin que hasta la fecha se haya determinado ninguna medida sancionatoria.
La denuncia fue formalmente presentada por el entonces director del IMSS, Mikel Arriola, y por casi cuatro años ha estado bajo estudio por el pleno de la Cofece, que preside Alejandra Palacios desde septiembre de 2013, en los inicios del gobierno Peña Nieto.
Ella fue ratificada por cuatro años más en 2017, durante una sesión del Senado que presidió Raúl Cervantes, quien también fue Procurador General de la República e intentó ser ministro de la Corte. Palacios permanecerá en su cargo hasta abril de 2022.
A finales de febrero de 2019 le alerté a usted, en este mismo espacio, de la existencia del Cártel de la Sangre, cuando en el IMSS se desempeñaba el citado Germán Martínez, que en mayo de ese mismo año renunció al cargo y luego retomó su escaño como senador.
El relevo fue Zoé Robledo, que se ha convertido en uno de los funcionarios más cercanos al presidente López Obrador, por lo que es frecuente su presencia en Palacio Nacional para reuniones ajenas a los temas de salud.
En 2019, pese a las alertas encendidas, el Cártel de la Sangre obtuvo contratos, solamente en el IMSS, por 4,360 millones de pesos. Se vencían en ese año compromisos establecidos desde 2016, tras lo cual un reporte de la Secretaría de Salud informó que se había desarrollado una estrategia para lograr la participación de más proveedores, y reducido de 93% al 84% el predominio de las compañías dominantes, encabezadas por la “Corporación Falcon”, entre otras.
En estos momentos, el IMSS encomendado a Robledo Aburto, avanza en el desahogo de la licitación pública internacional LA-050GYR988-E11-2019, orientada a cerrar contratos para el periodo 2020-2023, justo en los campos que ha controlado el Cártel de la Sangre, por un monto total cercano a los 14,500 millones de pesos.
De acuerdo con reportes allegados a este espacio, esta licitación está atrayendo tensiones tales que se han ido difiriendo la determinación de ganadores.
Ello incluye roces entre las altas esferas del campo médico del IMSS y los principales funcionarios del control administrativo. El tema amerita mantenerlo bajo lupa.
Apuntes:
Sobre el propio tema de salud, hay indicios de que un brote en casos de sarampión en la Ciudad de México pudo haber sido provocado por un bloqueo a la compra de vacunas por parte de la empresa estatal “Birmex”, por la excesiva injerencia de Cofepris, que conduce José Alonso Novelo.
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