Tres bloques al interior del gobierno, todos con amplia influencia sobre el presidente López Obrador, realizan un juego de vencidas en torno a quién relevará a Alfonso Durazo tras su inminente salida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los nombres de los posibles sucesores parecen estar a la vista. Si se pregunta a los militares, la apuesta apunta hacia el general brigadier Sergio Alberto Martínez Castuera, actual jefe de los penales federales, según reveló en días pasados el abogado César Gutiérrez, analista del sector. En contrapunto, la postura de figuras civiles en la 4T, como Claudia Sheinbaum , se inclina hacia Omar García Harfuch, titular capitalino en la misma área.
En tanto, el propio Durazo, secretario saliente, impulsa a su segundo, Ricardo Mejía Berdeja, un político con muy bajo perfil. Cómo no estará famélico ese equipo que su alternativa es Manuel Espino, el controvertido exdirigente nacional del PAN.
Lo que parece estar claro es que habrá un encargado de despacho varias semanas hasta algún momento de diciembre, cuando se prevé que López Obrador haga varios ajustes en su gabinete, no sólo para llenar huecos, también para corregir errores.
La valoración desde las fuerzas armadas es que el Presidente debe asumir el fracaso que representó la tarea de Durazo, que dejará el cargo con 60 mil asesinatos dolosos a cuestas, la cifra más grave desde que existen registros. El mensaje adicional inevitable es que se irá recién a un año del llamado “culiacanazo”, cuando un operativo bajo su mando derivó en el arresto y humillante liberación del mafioso Ovidio Guzmán.
La propuesta militar se opondría a la reforma constitucional de 2019, según alertó en estas páginas el reconocido analista Alejandro Hope, aludiendo a indicios de que la línea de mando de la Guardia Nacional creada por esa reforma es realmente militar, como lo ha sido desde que fue creada. Un general retirado en la SSCP dará, por mucho, mejores resultados, según esta tesis plena de pragmatismo —y malicia.
La alternativa civil parece estar hasta ahora concentrada en García Harfuch, pero voces clave en Palacio que estuvieron de su lado expresan ahora abiertas reticencias, a lo que se suman imputaciones, forzadas pero ruidosas, que lo ligan lo mismo con los desaparecidos de Ayotzinapa que con Genaro García Luna. Nieto de un general secretario legendario, el jefe policiaco capitalino es visto por el Ejército como un estorbo. Es tal la tensión, que aun si pierde este ascenso, estará en riesgo su permanencia en el cargo actual.
Como ocurre con frecuencia en política, Palacio Nacional deberá optar por el mal menor, pues solo existen alternativas envenenadas de antemano.
APUNTES
Vaya estreno que tuvo ayer Hugo López-Gatell para las nuevas atribuciones otorgadas por Palacio Nacional, entre ellas supervisar Cofepris, la poderosa entidad de la Secretaría de Salud de la que depende autorizar todo tipo de medicamento y alimento que se pretenda vender en el país. El Senado debió abortar ayer la comparecencia del locuaz funcionario ante la ola de cuestionamientos sobre su estrategia para contener la pandemia por covid-19. A ello se añadió el inverosímil robo “tipo comando” de casi 40 mil piezas de medicinas para cáncer infantil. Las autoridades no se ponen de acuerdo ni en cuándo fueron los supuestos hechos, ni por qué los fármacos estaban en la bodega de un laboratorio que no los fabricó y presumiblemente los tenía resguardados en condiciones inadecuadas. El titular de Cofepris, José Alonso Novelo, ahora subordinado a López-Gatell, hundió su cabeza en la arena.
