A donde quiera que se mire, todo actor relevante en nuestro sistema político parece hoy exaltado frente a la cita con las urnas programada en poco menos de un año, el domingo 6 de junio de 2021. La pandemia sanitaria tiene un correlato en la polarización social. Parecen tejer escenarios inciertos, con un mayor deterioro en las instituciones que rigen como árbitro en los procesos electorales.
La mezcla de rezagos y presiones no augura nada bueno si el país cede ante la canalla política, que no está depositada en un solo partido ni en un solo personaje, incluido el presidente López Obrador. El retorno de los brujos en contra de elecciones limpias y transparentes tiene muchos rostros:
Desde abril permanecen vacantes cuatro posiciones de consejero en el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova, quien encara provocaciones externas cada vez más graves. Pero el Instituto también tiene un enemigo interno: consejeros atados a los partidos que los postularon y a sus propias ambiciones personales. Corresponde a la Cámara de Diputados definir a las dos mujeres y dos hombres que cubrirán esos espacios, lo que supondrá una batalla que será librada a dentelladas.
El primer día de abril mismo, el propio INE impuso, de manera estrambótica en términos jurídicos, la posposición de los comicios para renovar el Congreso local de Coahuila y designar a 84 nuevos ayuntamientos en Hidalgo, lo que ocurrirá en alguna fecha próxima, no antes de un mes, según lo permita la Covid-19.
El enredo del INE suma retomar la definición de nuevos partidos políticos, de entre siete organizaciones que guardan una insomne espera. Se prevé que haya humo blanco al respecto también en los últimos días de agosto.
Para esas fechas estará tocando a la puerta el arranque de los trabajos para el proceso 2021, cuando habrá elección para 15 nuevos gobernadoras o gobernadores, Congresos locales en 30 estados y nuevos ayuntamientos y alcaldías en la misma cifra de entidades.
Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, el presidente López Obrador retomó ayer sus ataques contra el derroche y falta de garantías de limpieza que presuntamente representa el INE.
No es el primer amago, y seguramente no será el último que el mandatario lance contra el órgano garante electoral que le ha tomado al país varias décadas ir perfeccionando, siempre bajo el forzadísimo modelo que equivale a un partido de futbol en el que se ha permitido a los jugadores y a sus dueños definir bajo qué reglas competir y designar un árbitro a su conveniencia.
En la medida que se estrecha el cerco policial local y federal sobre José Antonio Yépez “El Marro”, cabeza principal del crimen organizado en Guanajuato, parece avanzar el nerviosismo de actores políticos locales a los que se liga con actividades ilegales. Alejandro Tirado Zúñiga, alcalde de Acámbaro, y Genaro Zúñiga Soto, su homólogo de San José Iturbide, ambos postulados por Morena, aparecen en actas judiciales por portación de armas prohibidas. Sobre el segundo existen audios en los que colaboradores de Yépez lo ubican con operador de bandas huachicoleras. Las firmas de ambos aparecieron ayer en un pronunciamiento condenando la inseguridad en la entidad que gobierna el panista Diego Sinuhe Rodríguez. A su lado figuran las rúbricas de los senadores morenistas Malú Micher y Antares Vázquez, a los que quizá no se les advirtió quiénes serían sus compañeros de viaje Ignacio Ovalle, titular de Segalmex, que absorbió a Liconsa y Diconsa —actores esenciales en el abasto para sectores marginados— entró a un juego de pulsos con Gabriel García, el poderoso coordinador de los programas federales de asistencia social, columna clave de la 4T. Ambos son muy cercanos al presidente López Obrador. Ovalle está defendiendo a su director de Administración y Finanzas, René Gavira, contra acusaciones por supuestas irregularidades, que se atribuyen a “fuego amigo” por parte de García. Este último estaría buscando desplazar a Gavira y poner en ese lugar estratégico a uno de sus cercanos operadores, el tabasqueño Baldemar Hernández, quien al parecer despacha ya a su lado, en Palacio Nacional, y no en la Secretaría del Bienestar, como le informé el domingo pasado.
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