Gerardo Sosa Castelán fue apresado ayer en la Ciudad de México bajo acusaciones que se le habían imputado por décadas: en esencia, utilizar los recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) como patrimonio personal. El suyo ha sido un largo e intocable cacicazgo que, siempre se supo, sólo sería atajado mediante la difícil conjunción de voluntades entre los gobiernos estatal y el federal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República que dirige Alejandro Gertz Manero. Entre otros, los cargos fueron defraudación fiscal y lavado de dinero, al quedar documentada una sofisticada triangulación de cuentas bancarias en diversos países manejadas por el primer círculo de colaboradores de Sosa Castelán, lo que incluye a miembros de su familia.
La iniciativa seguramente contó con el respaldo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, miembro de una modesta pero progresista familia originaria del municipio hidalguense de Actopan, que acumuló agravios por parte de Sosa Castelán y su círculo de intereses. En una reivindicación inicial, Pablo Vargas, un académico cercano a los Herrera Gutiérrez, fue designado hace unos días candidato de Morena a la alcaldía de la capital, Pachuca.
Figura clave en el primer círculo de lo que por años ha sido llamada “La Sosa Nostra”, como un símil de las mafias italianas, es Damián Sosa Castelán, hermano del personaje preso y quien coordina en el Congreso local un bloque de diputados de Morena, que en 2018 se alió al cacicazgo de Sosa, pero luego comenzó una ruptura que ayer se consumó. Ese grupo de legisladores se trasladó ayer a la capital del país en busca de reunirse con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino morenista, para arrancarle un pronunciamiento político en favor del ahora procesado. El dirigente se negó a ello.
Gerardo Sosa Castelán, hoy de 65 años, se montó desde la época de preparatoriano en la estructura de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), creada en 1966 como grupo de choque que, bajo la protección política del gobernador en turno (con la casi exclusiva excepción de Jesús Murillo Karam), arrancó por años al PRI candidaturas para alcaldías, diputaciones locales y federales.
El propio Sosa ocupó dos diputaciones federales (2000-2003 y 2006-2009), además de una diputación local, la dirigencia de los burócratas estatales y, desde 2009, la presidencia del Patronato de la UAEH, su centro de poder virtualmente vitalicio.
La duda radica ahora en si el arresto de Sosa Castelán traerá en realidad nuevos aires en Hidalgo y permitirá rescatar su universidad, o si “La Sosa Nostra’’ solo será maquillada para que todo siga igual.
Apuntes: Quienes rastrean las “huellas digitales” sobre el video que exhibió a Pío López Obrador recibiendo dinero de manos de David León —quizá el episodio más polémico que haya vivido la 4T— están hilvanando la hipótesis de que al autor de la filtración es Arturo Escobar, actual diputado federal por el PVEM, quien en su momento fue muy cercano al gobierno de Manuel Velasco, en Chiapas, pero después se distanciaron. Los registros ubican reiteradamente al dirigente pevemista en historias de trasiego de dinero en efectivo para fines electorales, como ocurrió el 3 de julio de 2009, cuando fue detenido en el aeropuerto de la capital chiapaneca con un lujoso maletín que contenía poco más de un millón de pesos. O la investigación ante las autoridades por delitos electorales, que en 2015 lo obligó a dejar la subsecretaría de Gobernación que le había conseguido el titular: su amigo y aliado Miguel Ángel Osorio Chong.
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