Veterano de los círculos del poder en Washington; halcón inclinado a la mano dura, el procurador norteamericano William Barr nos visitó por segunda ocasión en un mes, con una agenda que busca poner al gobierno mexicano contra la pared. Será cada vez más difícil presentar su injerencia como colaboración y no lo que es: puño de hierro envuelto en guante de terciopelo.
Informaciones aportadas por fuentes de ambos gobiernos revelan que Barr mostró la impaciencia en la Casa Blanca respecto a la falta de eficacia en el combate al crimen organizado en nuestro país y el tráfico desde nuestro territorio de fentanilo, el opioide hasta 40 veces más potente que la heroína.
Fuentes estadounidenses dijeron haber informado a sus contrapartes que agentes federales mexicanos favorecen el trasiego indiscriminado de cargamentos de fentanilo provenientes de China (su principal fabricante), en el aeropuerto de la ciudad de México.
De acuerdo con estos testimonios, está sobradamente identificado el rol de la compañía china “Catay Cargo” en este tráfico, lo mismo que el de la agencia de paquetería del gubernamental Servicio Postal Mexicano (Sepomex), en la llegada a México y el envío de la droga a distintos puntos del país y aun de Estados Unidos.
Barr, un poderoso abogado neoyorquino de 69 años cuya trayectoria política se remonta a los años 80 con Ronald Reagan, fue ya fiscal general entre 1991 y 1993 con George Bush padre, al que impresionó por su mano dura, lo que incluye escritos oficiales en favor de que comandos policiales norteamericanos detengan a criminales en otras naciones, sin conocimiento ni autorización de los gobiernos locales.
Este personaje, acompañado de un puñado de subordinados, reunió esta semana a cinco secretarios de Estado mexicanos junto con un número de otros altos funcionarios, entre ellos el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el titular de la UIF, Santiago Nieto.
Este visitante incómodo habría dejado claro que la Casa Blanca está aún lejos de sentirse cómoda frente a cómo se maneja el problema de la migración, que consideran un peligro para la seguridad nacional, un vector del crimen organizado y un fenómeno dominado por el negocio del tráfico de personas.
El funcionario, dijeron las fuentes, reiteró la necesidad de revivir la Iniciativa Mérida, a la que el presidente López Obrador se ha opuesto reiteradamente. En una modalidad, con otro nombre, este modelo incluiría la donación, a lo largo de dos años, de hasta 250 perros especializados en la detección de diversos productos, desde drogas hasta dinero en efectivo.
Aunque el comunicado oficial habló de un acuerdo para el combate al tráfico de armas, los reportes obtenidos exhiben nulo interés por el gobierno norteamericano en la materia, con ridículos decomisos en los seis meses recientes. Se trata, además, de un tema políticamente explosivo, que ahuyenta lo mismo a demócratas que a republicanos en pleno año electoral.
Apuntes:
A 18 meses de distancia, la elección de gobernador en Guerrero, que conduce hoy el priísta Héctor Astudillo, agita a grupos clave en Morena. La novedad es que uno de los contendientes por la respectiva candidatura, Pablo Amílcar Sandoval, cree ver señales definitivas que le permitirán rebasar a sus contrincantes internos: el empresario Luis Walton, ex alcalde de Acapulco (2012-2015), y el senador Félix Salgado Macedonio, también edil del puerto (2006-2008). Integrantes del equipo del “superdelegado” estatal aseguran que les ha dicho que el presidente López Obrador contrajo una deuda con Irma Eréndira Sandoval (su hermana), secretaria de la Función Pública, cuando ésta exoneró a Manuel Bartlett, director de CFE. Y que ese compromiso será honrado entregándole la postulación que parece un salvoconducto al palacio de gobierno en Chilpancingo. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, retomará hoy atención nacional con la revelación de las revistas “Zeta” y “Proceso” de que nombró director de los penales estatales al general Marcos Esteban Juárez Escalera, identificado por la CNDH como enlace entre policías municipales y los narcotraficantes que asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. No ha sido la única ni la más escandalosa designación de Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en el ámbito de la seguridad, como le compartiré pronto aquí mismo.
rockroberto@gmail.com
