Cuando Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como jefe de gobierno capitalino (2000-2005), desde su entorno cercano se promovió que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal , Juan Luis González Alcántara Carrancá , se beneficiara con una reforma de ley a fin de ampliar el periodo para el que fue designado (2000-2003). Se trata de un perturbador antecedente de lo que hoy ocurre con el Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Se dio el caso de que el medio jurídico, los magistrados (del TSJD) y gran parte de los diputados (capitalinos) coincidían en reformar la ley para que se pudiera reelegir. Dicho consenso se rompió por la oposición de Juan Luis, quien manifestó que las leyes y las instituciones no se reforman para favorecer a persona alguna; que él había aceptado (el cargo) para servir, no para servirse de él…”.
Así refirió ese episodio Jorge Carpizo —uno de los principales juristas en las últimas décadas, muerto en 2012— en el prólogo del libro “La responsabilidad civil de los médicos” (Porrúa-UNAM, 2009), cuyo autor es González Alcántara, ministro de la Corte desde diciembre de 2018. “Si su conducta fuera la regla, este México nuestro sería un país mejor”, cerró su texto quien fuera ministro, rector universitario, secretario de Gobernación y presidente fundador de la CNDH.
Hoy presenciamos la misma película, con idéntico guión original, pero dos actores diferentes; al parecer, de madera distinta también.
El personaje de la nueva trama es el presidente del PJF —que engloba a la Corte y al Consejo de la Judicatura Federal—, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en una reciente ronda de entrevistas ha asegurado que no fue consultado sobre la inclusión de última hora de un artículo transitorio de una ley que permitirá que, tanto él como los consejeros, se reelijan por dos años —hasta el final del gobierno López Obrador.
Senadores consultados por este espacio sostuvieron que el ministro presidente fue consultado de manera personal y reiterada durante toda la evolución de la llamada “ Ley Zaldívar ”, tanto en su tramo de reforma constitucional como en su reglamentación. Aseguraron que el promotor del ahora famoso transitorio 13, Raúl Bolaños, senador por el Partido Verde, mantiene una subordinación absoluta hacia el también senador “verde” Manuel Velasco , ex gobernador de Chiapas, identificado como frecuente correo con Palacio Nacional gracias a su amistad con el Presidente.
Zaldívar tuvo frecuentes intervenciones públicas en favor de la reforma que él diseñó bajo señalamiento de que no consultó a ministros, magistrados ni jueces . Tales declaraciones obligan ya a excusarse de votar en la Corte ante una controversia constitucional, que ahora se considera inminente. Lo mismo habría ocurrido si hubiera tomado distancia (antes de que fuera aprobado por las cámaras) sobre el artículo que impone su reelección. Pero no lo hizo.
Las opciones de Zaldívar suponen un amargo dilema:
1.- Convocar al pleno a una consulta interna para resolver si existe una injerencia anticonstitucional de otro poder sobre el PJF, como lo hizo su antecesor Genaro Góngora en enero de 2000, lo que derivó en la tesis 698/2000-PL .
2.- Someterse a sus compañeros de pleno, que ya le han pedido dar turno prioritario a la controversia que sea presentada, pero apostar a que no obtendrá los ocho votos (de 10, pues él se excusará) necesarios para revertir el artículo. Y hacerse cruces para que Morena no pierda la mayoría en San Lázaro en las próximas elecciones y ello revierta este montaje.