Por motivos desconocidos, la administración López Obrador determinó emprender un sistema único de salud sin una hoja de ruta ni los consensos básicos y, lo peor, sin disponer del dinero que permita niveles aceptables de atención y abasto de medicamentos para más de 60 millones de personas que hoy no tienen acceso a sistemas públicos como el IMSS o el ISSSTE.
Tras un año de escarceos con pacientes, fabricantes de medicinas, directivos de hospitales y gobiernos estatales, se decretó la desaparición del Seguro Popular (creado en 2003), y el primer día del año surgió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), bajo modalidades pésimamente comunicadas y caóticamente aplicadas.
De acuerdo con reformas a la Ley General de Salud, será atendido gratuitamente todo aquel que se presente en la red pública hospitalaria, pero solo para atención de primer y segundo niveles. Han sido cancelados los apoyos a pacientes sin recursos que saturan los hospitales e institutos de especialidades (tercer nivel), los cuales han elevado, entre protestas generalizadas, sus “cuotas de recuperación”, simbólicas ante el costo de tratamientos y medicamentos. El Seguro Popular los cubría con apego a un catálogo de enfermedades “catastróficas”, llamadas así porque destruyen la economía de una familia entera. Ese fondo contaba con 40 mil millones de pesos anuales que nadie sabe dónde quedaron.
La “madre de todas las batallas” será la pretensión, anunciada desde diciembre de 2018, de centralizar en manos federales la red de hospitales públicos del país, incluidos los construidos y manejados por administraciones estatales. Ello atrajo una natural protesta de gobernadores, que este martes se reunirán con el presidente López Obrador en pos de un esquema racional, atenido a la Constitución, según lo adelantó el mandatario de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez.
Por décadas se ha intentado integrar un sistema único de salud, que administre la infraestructura disponible y abarate la compra de medicinas. Durante ese tiempo el sector no hizo más que deteriorarse, al grado de que la calidad de los servicios dotados al amparo del Seguro Popular mejoró frente al IMSS, otrora líder del sector, pero donde creció el número de decesos y bajó el índice de camas por cada 100 mil pacientes, según lo aceptó su director, Zoé Robledo, en la pasada asamblea del organismo. Esta crisis, hay que adelantarlo, gravitará pronto sobre el IMSS y Robledo, por su enorme peso en el sistema.
Desde diciembre de 2018, López Obrador anunció la muerte del sistema, bajo el argumento de que “ni es seguro, ni es popular”. Nuevo modelo no otorga, en definitiva, mayores certezas. Pero en particular, dejar a decenas de miles de pacientes en el limbo jurídico y social no es en absoluto popular.
Apuntes: Causó incomodidad el incidente derivado del reclamo de la embajadora en Washington, Martha Bárcena, al publicar en redes un aparente error de logística por no tener un lugar asignado en la reunión anual de los diplomáticos mexicanos con el presidente López Obrador. El formato de ese encuentro cambió: durante años fue una comida cuyas mesas eran ocupadas por embajadores, cónsules y secretarios de Estado, con un rico intercambio de impresiones, citas y otros beneficios mutuos. Ahora hubo un discurso presidencial en el Salón de Tesorería, y una fotografía. Los diplomáticos mexicanos llegaron en autobuses y encontraron un sillerío en el que ninguno de ellos tenía lugar asignado, aunque había bloques de asientos para embajadores activos y en receso. En este último se sentó la embajadora Bárcena, según aseguró en sus redes, por indicaciones de un empleado. Dos veces se le invitó a ocupar una silla más adelante, hasta que un asistente de Presidencia le dijo que se había abierto un lugar en la primera fila, definida inicialmente para funcionarios de cancillería. Desde ese sitio escuchó el reconocimiento presidencial a su trabajo. Atrás, sin ningún contratiempo, tomaron lugar representantes de similar o superior trayectoria, como Juan Ramón de la Fuente, ex rector y embajador ante la ONU, con posibilidades de integrar el Consejo de Seguridad del organismo; Juan Manuel Gómez Robledo, exsubsecretario, luego en la ONU y hoy en Francia; Carlos de Icaza, exsubsecretario y varias veces embajador, entre ellas en Washington mismo y Francia, o Juan José Gómez Camacho (ONU, Unión Europea, ahora en Canadá), quien padece debilidad visual. Es patente que la embajadora Bárcena sostiene una rencilla con el canciller Marcelo Ebrard y sus colaboradores cercanos. El debate radicaría en si la casa del Presidente era el lugar propicio para hacerla patente.
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