Obsesivo con el tema desde antes del inicio de su gobierno, el presidente López Obrador ha cobrado fama en los pasillos de Palacio Nacional porque en momentos inopinados exige proyecciones de ajustes financieros, reportes de ingresos y deudas en el presupuesto federal. El problema es que las cuentas nomás no le salen.
Con lápiz en ristre, el Presidente acomete personalmente los balances de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para hacer recortes, con resultados que, como el agua, se escapan de las manos según transcurren los días después de anuncios triunfales que luego deben ser echados debajo de la alfombra. La 4T sufre de inanición financiera. Ello explica que deje correr ideas y ocurrencias para medirle la temperatura al país.
En esta dinámica se halla el ahora dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien levantó propuestas sensatas de reforma fiscal, la mayor de las veces con poca suerte, cuando se desempeñó como legislador clave en la Cámara de Diputados. Ahora debió tragar sapos como portador de la idea de que el Inegi evalúe las fortunas de los ricos.
El 2 de abril López Obrador ordenó la publicación en el Diario Oficial de un acuerdo que extingue 28 fidecomisos públicos, con lo que se obtendría, según el dicho presidencial, 250 mil millones de pesos. La cifra comenzó a diluirse apenas publicada. Muchos de esos instrumentos están atados a obligaciones como el pago de pensiones, figuran en una ley… o su cancelación atraería una convulsión que haría parecer un día de campo las protestas de artistas en favor del fideicomiso que alienta al cine nacional.
A esto han seguido ajustes salariales, cancelación unilateral de aguinaldos, presiones del Conacyt para que investigadores y becarios renuncien al menos parcialmente a sus becas… Mientras más teatrales, más inútiles se anticipan tales decisiones.
Ni esos ajustes, ni la supresión de subsecretarías y otros gastos supuestamente excesivos en el aparato gubernamental podrán balancear el estado de cuenta que parece requerir López Obrador para impulsar sus proyectos transformadores. Los que están a la vista o los que estén por venir.
Cada peso de ahorro se ve rebasado por la caída en los precios del petróleo, en la captación de impuestos o por la venta de gasolinas, entre otros muchos factores adversos. La crisis sanitaria trajo otra carga, que pudo haber sido menor —y menos inhumana— de no haberse aplicado recortes brutales sobre los presupuestos autorizados al sector en 2019.
El gobierno López Obrador no está en condiciones de contratar mayor deuda o proporcionar los estímulos fiscales que tanto le reclaman. La postración del erario federal y la mediocre captación fiscal que se logra desde hace décadas (apenas 13% del PIB) haría insostenibles esas medidas, como está ocurriendo ya en economías más solventes. Por encima de ello, el mandatario acabó empeorando todo con su discurso polarizador de los pobres contra los ricos.
Frente a esta realidad, el huésped de Palacio podría intentar medidas desesperadas.
Apuntes:
Analistas del campo médico y conocedores de la Organización Mundial de la Salud aseguran que la invitación girada por ese organismo al doctor Hugo López-Gatell para formar parte de un comité de expertos sólo puede surgir a petición de un Estado miembro o por recomendación de una entidad intergubernamental o económica regional. ¿A quién cree usted que debemos agradecer la medalla en el pecho de ahora bautizado como “orgullo de México”? ooo Meritorio, el trabajo de EL UNIVERSAL sobre el trato privilegiado de la 4T a Grupo Kosmo, de la familia Landsmanas. Esa corporación gozó del halo protector del exjefe de gobierno capitalino y actual senador, Miguel Ángel Mancera, así como de sus principales colaboradores. De su mano incursionó en proyectos tan ajenos a su ramo como una planta termovalorizadora de procesamiento de basura, que congeló el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum al considerar que se trataba de un gigantesco fraude a la ciudad. Pero evidentemente tienen nuevo padrino en la era AMLO, tanto que, según reportes disponibles, los Landsmanas se aprestan a incursionar en el negocio de los sistemas de videovigilancia con cargo a gobiernos estatales cercanos a Morena.
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