El pasado 7 de septiembre inició formalmente la organización del proceso electoral más grande en la historia de México. Un proceso en el que casi 100 millones de mexicanas y mexicanos decidiremos el 2 de junio del próximo año quién encabezará la presidencia de la República, cómo queremos integrar el Congreso, así como la composición de 31 congresos estatales (todos, menos Coahuila), la definición de 9 gubernaturas, y las presidencias municipales de 30 estados del país (todos menos Durango y Veracruz).

Precampañas, campañas, selección y capacitación de ciudadanos para recibir votos y contarlos, y el resto de la organización de la elección ocurrirá en un contexto de polarización, de intervención gubernamental en temas electorales, de incumplimiento a las reglas, de deslealtad extendida a las normas del juego democrático, y de autoridades electorales que se muestran francamente vulnerables ante el tamaño del desafío.

En este contexto, ¿qué puede importar la felicidad, la autopercepción de bienestar, de la población mexicana? ¿Es siquiera un tema relevante? La investigación en la materia sugiere que la felicidad, el bienestar subjetivo, sí importa para las elecciones, que incluso puede anticipar cambios de gobierno, que está asociada con una mayor participación electoral y que, en general, forma parte del ánimo social en el que la ciudadanía debate, participa y vota en las elecciones.

Un primer dato es que, en promedio, quienes votan son más felices que los que no lo hacen. En América Latina, un para 18 países señala que (como en otros estudios de países europeos) hay una relación positiva entre el voto y la felicidad. Una relación que, sin embargo, está matizada en aquellos países con voto obligatorio. La evidencia indica que es más probable que la felicidad individual sea causa y no efecto de una mayor participación electoral en América Latina.

La participación en la política, sobre todo en democracia, no se agota en el ejercicio del derecho al voto. Algunos han encontrado que formas convencionales de participación política (votar o participar en un partido) se asocian de manera significativa y positiva con la satisfacción vital de las personas, mientras que formas menos convencionales y más conflictivas (marchas y boicots) tienen una relación opuesta.

Por lo anterior, no es de sorprender que la polarización política pueda agudizar el efecto negativo de las elecciones en el bienestar reportado. En un sobre la incidencia en la satisfacción vital de procesos electorales en países europeos entre 1989 y 2019, se encontró que el nivel de satisfacción reportado en los meses previos a la jornada electoral era significativamente menor que el reportado en el mismo periodo, pero en años sin elecciones. Una vez que las elecciones tenían lugar, el nivel agregado de satisfacción vital regresaba al promedio en el que se ubicaba antes de la elección.

Más allá de lo que señale los estudios, lo que está en juego en la elección del próximo año, además de elegir representantes, y la viabilidad de nuestra institucionalidad democrática (nada más), es el conjunto de condiciones bajo las cuales la población mexicana podrá, construir, o no, aquello que Hannah Arendt llamaba la felicidad pública.

Para Arendt (de acuerdo con la filósofa ) los padres fundadores de la nación Americana se referían a la “búsqueda de la felicidad” como un derecho, porque la veían asociada a la defensa de la libertad pública, como una experiencia de acción colectiva que hace que la felicidad “no sea un reino interior al que los hombres escapan, a voluntad, de la presión del mundo”, sino algo propio a la esfera pública, donde el ejercicio de la libertad es visible y posible para todas las personas.

Así como la democracia no se conquista de una vez y para siempre, la felicidad pública y el ejercicio de la libertad con el que aquella está asociada tampoco es permanente ni definitiva. El 2 de junio próximo y a lo largo de los próximos 8 meses, tendremos una nueva oportunidad para rescatar y ensanchar nuestros espacios de libertad y seguir en la búsqueda de nuestra felicidad colectiva.

Investigador en temas de bienestar subjetivo y democracia, y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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