La relación de México con Estados Unidos ha sido difícil y compleja. Sin duda, convivir con el país más poderoso del mundo tiene ventajas y desventajas. El reto es aprovechar, en el buen sentido de la palabra, su gran potencial y formar parte de un poderoso mercado económico: ciencia, tecnología, educación, economía y comercio.
Son fundamentales inteligencia y buen manejo diplomático para lograr una relación armónica y civilizada. Las diferencias ideológicas son las más delicadas y en momentos aparecen tintes de incomprensión y barruntos de conflicto. Durante los gobiernos priistas se tendió un velo de respeto distante y se privilegió una economía cerrada. El Desarrollo Estabilizador, con su política de sustitución de importaciones, reafirmó este aserto. Las inversiones extranjeras no encontraron campo propicio para su desarrollo y nuestro ingreso al GATT fue tardío.
Con el gobierno de Miguel de la Madrid se inauguró la etapa de los gobiernos neoliberales. Un grupo de jóvenes preparados en las mejores universidades del mundo, principalmente Harvard, Chicago y Oxford, entre otras, se incorporaron a la vida política de México. El discurso cambió. Carlos Salinas fue el instrumentador y líder de este movimiento. En su gobierno México se abrió al mundo, se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, de una economía cerrada pasamos a una de las más abiertas. Otra concepción política, nuevas formas y acciones de gobierno; se profundizó la privatización, se desnacionalizó la banca, se vendieron Telmex, Altos Hornos, Fertimex y otros muchos más. Adelgazar al gobierno era la misión, así como desmantelar la propiedad del Estado Nacional; se abandonaron el populismo y el Nacionalismo Revolucionario. Ronald Reagan, George H. W. Bush, Margaret Thatcher y Salinas fueron personajes emblemáticos de esta nueva política económica mundial.
El país no estaba tranquilo, sino agitado y exigía un cambio a favor de los más pobres y apertura democrática. El levantamiento armado zapatista fue un latigazo al gobierno y una alerta roja ante el mundo, denunciando pobreza, racismo, miseria y abandono. La causa indígena movió conciencias y obligó al gobierno, entre otras acciones, a avanzar en la democracia. Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). Se logró la alternancia democrática. El PRI abandonó Los Pinos después de 70 años. Del PAN, el nuevo inquilino, se esperaban grandes cambios y no se dieron; más de lo mismo. La corrupción y la impunidad enraizadas y tocando excesos inaceptables. Las reformas estructurales abrieron el sector energético a la iniciativa privada, el gobierno se atrevió a tocar un sector emblemático del Nacionalismo Revolucionario. Un giro total a la política, se ofreció demasiado; sin embargo, la falta de resultados, la corrupción y la impunidad provocaron el hartazgo popular y el cambio.
Con el triunfo de López Obrador concluye el llamado Neoliberalismo y se restaura el Nacionalismo Revolucionario, un salto al pasado; una sacudida que está desechando todo lo que representa al viejo régimen. Un cambio radical de paradigmas; combate a la corrupción, a la impunidad, enjuiciamiento a los expresidentes, el rescate del petróleo y la electricidad, no a la privatización, intervencionismo del gobierno en la economía y ruptura del supuesto maridaje entre políticos y empresarios.
Este gobierno ha avanzado en su cometido. Ha logrado reformas legales que mandan a la basura las establecidas por Peña Nieto; se da marcha atrás a las reformas estructurales: la energética, educativa, las privatizaciones, los órganos autónomos y una nueva relación injerencista en los poderes Legislativo y Judicial. Sobre la marcha, y de un solo golpe, «ha puesto la bandera en Flandes»: el Banco del Bienestar y el organismo de la red de Internet son instrumentos estratégicos del Estado en el manejo y operación de enclaves muy importantes de la economía mexicana. En la práctica, con este nuevo andamiaje jurídico se contradicen y «violan» compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio. En realidad, se está creando un ambiente enrarecido con nuestros vecinos. Más allá del discurso diplomático y de cortesía, subyace desconfianza y preocupación por el alcance de la 4T.
Las reformas del presidente López Obrador van a contracorriente de los principios y concepción establecidos en los tratados por los países hegemónicos, que perciben obstáculos a las inversiones de sus empresarios. De pronto, empiezan a entender que están ante un cambio de régimen; los intereses trasnacionales se ven amenazados y temen que el paraíso libre y a favor se convierta en un espejismo volátil. En otras palabras, el modelo económico y político del gobierno neoliberal les acomodó «como anillo al dedo»; en consecuencia, no les agradan el populismo y el Nacionalismo Revolucionario.
El futuro y el pasado nos alcanzaron. Los vientos anuncian tormenta. Dos frentes de batalla: el interno, con la oposición creciente y la polarización del país, y el otro, con los gobiernos extranjeros que siguen en contra del nuevo modelo económico y político de este gobierno. El rescate del petróleo y la electricidad, fortaleciendo a Pemex y a la CFE, y la ley de hidrocarburos abrirán el debate a la denuncia de violaciones a disposiciones del Tratado de Libre Comercio. Estos son algunos obstáculos que tendremos que sortear con nuestros vecinos. El tren de la 4T está en marcha; su conductor, decidido a acelerar su paso con carbón y combustibles fósiles, sin energías limpias. Es posible que este Gobierno, en su afán de trascender, se atreva a nacionalizar el litio, a la usanza de la vieja tradición revolucionaria del general Cárdenas. El litio, como lo fue en su tiempo el petróleo, es y será el motor que mueva y transforme al mundo del futuro.
En mi opinión, al presidente López Obrador le vendría bien, en términos de estrategia política, definir con claridad el alcance de su Cuarta Transformación y en especial, para calmar las inquietudes internacionales, comprometerse con el pueblo de México a garantizar la República y su esencia: la división de poderes, democracia, libertad, economía mixta, respeto a la iniciativa privada, respeto irrestricto a los poderes Legislativo y Judicial, la autonomía del Banco de México y del INE, entre otros. Vale la pena esta precisión y aclararía su postura política. Hace falta, aún hay tiempo.
