Por: Vanessa Arvizu
En noviembre de 2024 la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que la creación del Sistema Nacional de Cuidados sería una prioridad de su gobierno. Durante una conferencia de prensa, enfatizó la necesidad de garantizar la corresponsabilidad social en la atención a las primeras infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, particularmente en poblaciones vulnerables. Su propuesta también incluye fomentar esfuerzos institucionales que redistribuyan las tareas de cuidado, con el fin de reducir la carga no remunerada que recae sobre las mujeres y brindarles mayores oportunidades personales y profesionales[1]. Sin embargo, estos esfuerzos, esenciales para la equidad de género, permanecen desarticulados e incluso ausentes en sectores clave, como las instituciones de educación superior.
Pese a que el tema de cuidados ha ganado visibilidad en el ámbito universitario, las instituciones de educación superior siguen rezagadas. No existe un registro oficial que identifique a las personas cuidadoras dentro de estas comunidades, ya sean estudiantes, personal académico o administrativo. Las mujeres, que constituyen una proporción creciente en estos espacios, suelen enfrentar desafíos para compaginar sus responsabilidades académicas o laborales con las tareas de cuidado, dependiendo mayormente de recursos propios para solventarlas.
La diversidad en las condiciones individuales e institucionales agrava esta situación. Por un lado, el trabajo de cuidados varía según las necesidades de quienes reciben la atención, por otro, las diferencias en los perfiles de las personas cuidadoras dentro de las universidades también influyen. Las condiciones de contratación del personal académico y administrativo determinan el acceso a prestaciones de cuidado, mientras que los estudiantes, generalmente sin acceso a beneficios sociales, enfrentan mayores obstáculos.
Esta problemática es especialmente relevante en un país que ha diversificado sus perfiles estudiantiles, abriendo espacios para personas adultas, madres y padres de familia, o quienes tienen a su cargo la atención emocional, de desarrollo y médica de otros. En este contexto, el Sistema Nacional de Cuidados debe incluir a las universidades, no sólo por su potencial analítico y académico, sino también por su compromiso con las mujeres de su comunidad. Mejorar sus condiciones implica reducir sus cargas de cuidado, permitiéndoles disponer de tiempo para actividades internas y fomentar su desarrollo personal y profesional.
Si bien algunas universidades han implementado iniciativas como estancias infantiles, permisos laborales, licencias y becas, estas acciones son escasas y limitadas. La mayoría de las instituciones carecen de políticas integrales de cuidado, lo que perpetúa que las labores de cuidado sigan siendo objeto de debates teóricos más que de compromisos prácticos.
Hay ejemplos internacionales, como el de la Universidad de Chile, que cuenta con una red de madres y padres universitarios (MAPAU)[2] que ha participado en la elaboración de una política social de corresponsabilidad social para los cuidados que propone cinco líneas de acción enfocadas en servicios de cuidado infantil, corresponsabilidad estudiantil, equidad de género en academia y apoyo para el cuidado de familiares con enfermedades graves. Esta apuesta demuestra que se puede promover la equidad de género y garantizar que las mujeres puedan participar plenamente en la vida universitaria y en los espacios de toma de decisión.
RED-RIIE
[1] Centro de Estudios Espinosa Yglesias
[2] Universidad de Chile
