A poco más de seis meses de que Joe Biden llegara a la Casa Blanca, su agenda política se ha concentrado en dos frentes: el combate a la pandemia de COVID-19, a través de un programa masivo de vacunación, y el trabajo político para aprobar un paquete de gasto en infraestructura de al menos 1 billón de dólares. Los avances que la nueva administración podría presumir en estas dos áreas se verían opacados por el mal manejo de lo que los medios en México y EUA han bautizado como la “crisis en la frontera”.
Hay dos momentos que han marcado la agenda migratoria estadounidense en lo que va del año. En marzo, a semanas de haber iniciado la administración, comenzó el registro de niveles récord en la entrada de migrantes, en su mayoría centroamericanos, a través de la frontera con México. La situación ha adquirido una mayor complejidad por el incremento dramático en la cantidad de menores de edad no acompañados que buscan llegar a EUA: de febrero a septiembre de 2021, ese país ha recibido cerca del doble de los que llegaron en 2014, año record en la administración del presidente Barack Obama. También ha habido un aumento pronunciado en el número de familias que llegan a EUA.
Una de las primeras decisiones migratorias de la administración Biden-Harris fue cesar la aplicación, para casos de menores no acompañados, del Título 42, una provisión legal que autoriza expulsar migrantes sin haberles ofrecido la oportunidad de solicitar asilo, en aras de salvaguardar la salud pública. A pesar del tono humanitario de la medida, hubo una clara incapacidad logística del gobierno entrante para mantener bajo custodia a un flujo histórico de migrantes menores de edad y familias. Medios de comunicación y políticos, en su mayoría republicanos, reprodujeron imágenes de niños migrantes albergados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en condiciones de aparente hacinamiento y sin distanciamiento social. Es el CBP la institución encargada de procesar y albergar a jóvenes y niños, acompañados o no de sus familias; después de 72 horas, deben ser trasladados a albergues especiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS). Y aunque desde marzo el gobierno ha logrado aumentar la capacidad del DHHS con nuevos centros de albergue adecuados para atender a menores, estos corren el riesgo de pronto llegar a su límite de capacidad. No hay todavía medidas para fortalecer un sistema que pueda procesar cada caso de estos menores y pasar su custodia a algún familiar o tutor que haya sido previamente evaluado y aprobado.
En días pasados, el curso del ciclo noticioso hizo visible otra vertiente de la situación en la frontera. Medios estadounidenses comenzaron a reportar, entre el 15 y el 16 de septiembre, sobre un campamento de entre 10 y 15 mil migrantes -en su mayoría haitianos, aunque también había nicaragüenses, venezolanos y cubanos- bajo el puente fronterizo entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas. Las redes sociales hicieron viral un video que muestra a agentes de la Patrulla Fronteriza, montados a caballo, aparentemente usando sus riendas para dispersar a personas que cruzaban el Río Bravo, después de haber conseguido víveres en territorio mexicano. Los migrantes parecen haberse establecido bajo el puente internacional con la esperanza de ser detenidos en EUA y posteriormente solicitar el estatus de refugiado. La mayoría de los migrantes haitianos había iniciado su viaje hace meses, en países sudamericanos, como Chile y Brasil, donde residían desde hace años.
Es posible proponer algunas observaciones sobre el rumbo que está tomando la política migratoria de Joe Biden. Fundamentalmente, la Casa Blanca no ha priorizado atender la llegada de migrantes a la frontera sur, destinando recursos que amplíen considerablemente la capacidad logística del CBP y el DHH. El gobierno parece estar enfocado en apagar una serie de fuegos intermitentes y atender únicamente las situaciones más urgentes. No parece haber una visión clara para el resto del cuatrienio.
Un punto central es que el gobierno Biden-Harris está haciendo uso de una aplicación mixta de recibimiento y deportación de migrantes, sin comunicar de manera clara los criterios que emplea para decidir quién es aceptado para procesar su solicitud de asilo y quién es sujeto al Título 42. Las cifras muestran que cerca del 89% de los 704,009 expulsados (de febrero a agosto) bajo este precepto son adultos sin familia; también se aplicó esta medida a más de 92 mil familias, mientras que muchas más fueron liberadas. El reciente episodio en la frontera Ciudad Acuña-Del Río ofrece otro ejemplo: aunque cerca de 1,400 migrantes han sido llevados a Haití en más de 12 vuelos, se reporta que 1,000 de ellos han iniciado su proceso de asilo y esperarán en territorio estadounidense.
Como resultado, el Ejecutivo estadounidense se encuentra en una situación muy compleja, presa de una discusión pública polarizada. El ala progresista del Partido demócrata y organizaciones de defensa de derechos humanos, como ACLU, rechazan que Biden haya continuado con operaciones de deportación. En particular, estos actores se oponen tajantemente a la aplicación de deportaciones express bajo el Título 42: condenan que Estados Unidos está forzando a los migrantes a regresar a países de Centroamérica o a Haití, desde donde originalmente huyeron del crimen organizado, la persecución política o la pobreza.
Por su parte, los republicanos y los medios con tendencia conservadora atacan a Biden por ser un presidente demasiado suave frente a la migración, que para ellos representa una fuente de amenazas a la seguridad de los estadounidenses. Ellos se oponen al “catch and release”, es decir, que los migrantes bajo custodia sean liberados mientras esperan la resolución de su estatus migratorio.
Una de las apuestas legislativas del gobierno de Biden era presentar una propuesta de reforma migratoria. No obstante, esta posibilidad se ve cada vez más lejana y la correlación de fuerzas en el debate migratorio parece favorecer al Partido Republicano. De hecho, las elecciones de medio término de 2022 complican más el panorama: se renovarán todos los asientos de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado, por lo que es altamente probable que los republicanos usen la migración como ficha de ataque para recuperar mayorías en ambas cámaras. Las encuestas más recientes señalan que la mayoría del electorado desaprueba del manejo que ha dado Joe Biden a la migración (sólo el 38% expresa aprobación, según Ipsos).
Adicionalmente, se avecinan posibles tensiones entre corrientes políticas del Partido Demócrata. De cara a las elecciones, es previsible que legisladores demócratas de estados fronterizos se opongan a los demócratas del ala progresista, que abogan por eliminar el Título 42 y una nueva versión del Programa “Remain in Mexico”. Los moderados, como Henry Cuéllar, representante de Texas, abogan por controles sanitarios a la entrada de migrantes y medidas para garantizar la seguridad en la frontera. Una confrontación intrapartidista agregaría más indefinición a una política migratoria que ya es percibida como dubitativa y ambigua.
