Oficial e hipócritamente, eran los Voluntarios de la Seguridad Nacional, pero el pueblo haitiano, al que masacraron en la segunda mitad del siglo pasado, los llamaba en el creole local con ese mote, sinónimo de una suerte de demonios encarnados en uniformes azules, un pañuelo rojo al hombro, un absurdo sombrero de cowboy y los aterradores lentes oscuros. Al puño un largo y filoso machete, a la cintura un revólver gigantesco.
Durante tres décadas, hicieron del terror cotidiano el arma poderosa que mantuvo en el poder primero a Francois Duvalier Papa Doc y luego a su hijo Jean Claude Duvalier Baby Doc. Una milicia paramilitar de entre 30 y 40 mil hombres de los más bajos estratos sociales entrenados para asesinar, torturar y extorsionar a nombre de un gobierno criminal. Todavía hoy no hay certidumbre sobre si fueron cien mil o solo 40 mil los muertos y desaparecidos. Lo que ha quedado es el recuerdo de su fanatismo religioso y el apoyo infame de su gobierno y el de los Estados Unidos. ¿Les suena?
Y es que en estos días no he dejado de preguntarme si en el horrendo paquete de reformas judiciales propuestas por el actual gobierno se incluye en ese estado policial, una fuerza aniquilante como los Tonton Macoutes. Porque se requerirán tipos despiadados para espiar, torturar, perseguir y encarcelar a delincuentes e inocentes por igual.
Aquí mismo en EL UNIVERSAL, todos los expertos constitucionalistas han coincidido en que se trata de un retroceso descomunal en el propósito de los años recientes por alcanzar un sistema judicial que garantice justicia plena y equitativa para todos los mexicanos. En cambio, las propuestas —aunque todavía no formales sino filtradas en el Senado— atribuidas al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero pretenden desarticular al sistema penal acusatorio.
Pero hay mucho más: la aberración de validar pruebas obtenidas de manera ilícita como puede ser a través de la tortura y el espionaje, significaría un golpe definitivo al principio fundamental de presunción de inocencia y a la impartición de justicia; la embestida brutal al juicio de amparo pretende que ya no puede ser promovido ni garantizada la suspensión provisional y que a criterio de la autoridad podría revertirse en perjuicio del promovente y hasta del abogado litigante poniendo en riesgo sus derechos fundamentales y el ejercicio profesional de uno y de otro; otros constitucionalistas han advertido que la pretensión de que el Senado se encargue de procesar a jueces y magistrados cuando incurran en responsabilidad administrativa es tanto como borrar al Consejo de la Judicatura Federal, más aún sería una invasión del poder fáctico y, ojo, un acto de autoritarismo gubernamental sometiendo al único contrapeso que este gobierno tiene y que es el Poder Judicial.
En resumen, una propuesta que sale de las oscuridades del Poder Ejecutivo que, a cambio de su ineptitud, pretende ahora actuar con discrecionalidad absoluta para fabricar culpables.
Al defender sus iniciativas, el presidente López Obrador ha dicho que “no se va a retroceder en nada, es libertad y democracia real y auténtica”. Con el debido respeto Sr. Presidente, no estamos hablando de democracia, hablamos de justicia.
Periodista.
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