No son dos hechos aislados, aunque en principio lo parezcan. El involucramiento en política de las fuerzas armadas —iba a decir “nuestras”, pero ya no lo son— de manera abierta y descarada, tiene todo que ver con el dictatorial decreto de opacidad emitido por el gobierno lopezobradorista apenas 48 horas después.
Grave, muy grave, que el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval —enfundado por cierto no en uniforme de gala, sino de lujo y con una extraña banda que le cruzaba el pecho— haya hecho un exhorto inédito en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana en favor del actual gobierno de la 4T: “Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha; porque… nos une la historia… y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo, podremos hacer que la realidad cada día sea más prometedora”. Solo le faltó decir: ¡Así que a votar todos por Morena… es una orden!
Y Sandoval fue todavía más allá: “Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria”.
La estupefacción y las reacciones han sido cuasi generalizadas: de la adulación absolutamente desproporcionada a la abyección; de la incuestionable militarización del país al alineamiento indiscutible del ejército al presidente; de la sumisión de las armas al proyecto político de un solo hombre; de la confusión perversa de que solo se es patriota si se otorga obediencia ciega al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Y si alguien tenía la menor duda de esta simbiosis o maridaje perfecto, apenas dos días después el actual gobierno federal emitió el Decretazo que le otorga total impunidad y opacidad a sí mismo, pero sobre todo a la empresa gigantesca en que ha convertido al Ejército y la Marina.
Por lo pronto, todas las obras de infraestructura del actual gobierno han sido declaradas de interés público y de seguridad nacional: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicas, medio ambiente, turísticas, salud, vías férreas y ferrocarriles. Prácticamente todo y siempre a criterio del supremo gobierno. El mismo decretazo ordena a todas las dependencias otorgar autorizaciones, dictámenes, permisos o licencias en un plazo máximo de cinco días hábiles. Traducido al cristiano, la 4T está enviando un triple mensaje: voy a hacer lo que se me pegue la gana, lo más rápido posible y sin rendirle cuentas a nadie. Tan sencillo, tan inconstitucional y tan terriblemente autoritario como eso.
Y aquí la conexión con el mensaje genuflexo del General Secretario. Porque resulta que las obras “emblemáticas”: Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya, el Transístmico, los puertos, las sucursales del Banco de Bienestar, están a cargo del Ejército y la Marina. Y que incluso en el caso del aeropuerto, este fue regalado a los militares por López Obrador, como si se tratara de su patrimonio personal y no de la nación, con el pretexto de que se lo merecen por eficientes e impolutos; cuando ya suman kilos de denuncias por fenómenos de corrupción como asignaciones directas y sospechosas en esas obras.
En resumen: si íbamos a la militarización a “paso redoblado”, la orden ha sido cambiada a “paso veloz”.
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